Diez procesados irán a la Cárcel de Cotopaxi y tres estarán en la Cárcel 4. Solo una secretaria judicial tiene medidas alternativas por su embarazo. Todos son investigados por presunta delincuencia organizada.
Punto Noticias.- El juez Wiler Choez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para 13 de los 14 procesados por presunta delincuencia organizada, en el marco del Caso Plaga. Entre los procesados hay jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos.
Choez consideró que hay riesgo de fuga y que es necesario garantizar la presencia de los procesados a juicio, por lo que no creyó conveniente dictar medidas alternativas para las 13 personas.
En ese sentido, ordenó que se giren las boletas de encarcelamiento para que cumplan con la orden de prisión preventiva. Los dos policías procesados deberán cumplir con la disposición en la Cárcel 4, así como Luis V. que es testigo protegido de la Fiscalía y procesado en otro caso. Mientras, los 10 restantes lo harán en la Cárcel de Cotopaxi.
Solo para María José L., funcionaria judicial del cantón Pasaje, ordenó medidas alternativas por su estado de gestación. Es así que le dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su embarazo. Incluso, previo a la diligencia, su abogado indicó que su cliente se encontraba internada en el Hospital del IESS de Machala, provincia de El Oro, por atravesar un embarazo de riesgo.
El magistrado señaló que la presentación deberá hacerla en la Fiscalía Provincial de Machala, los lunes, miércoles y viernes. Aunque, la defensa de la procesada pidió que se lo haga en el cantón Pasaje.
De los 14 procesados cinco son jueces: Ángel L., Byron O., Simón G., Joffre R. y Franklin T. Los otros son los secretarios Gary P. y María José L.; los policías Marco C. y Hugo A.; los abogados en libre ejercicio Lenin V., José T. y Hugo L.; y los funcionarios públicos Omar J. y José M.
Antes de dar su decisión, el juez se refirió al supuesto grado de participación de cada uno de los ahora procesados, según lo que señala el expediente fiscal.
En este sentido, dijo que uno de los líderes de la organización como lo establece la Fiscalía es Lenin V., quien habría actuado como enlace con los colaboradores, jueces y policías para el trámite de acciones constitucionales.
Hizo alusión a un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que determinó que Lenin V. habría recibido varias transferencias, cuyo valor sobrepasó el millón de dólares. Ese dinero habría sido también transferido en diferentes montos para 20 personas, entre ellas algunas de las ahora procesadas.
El juez recordó que la información de este caso forma parte de la investigación de la Fiscalía, luego de la explotación de más de 5 000 mensajes de un teléfono celular. Los mensajes serían entre miembros de la organización y familiares.
¿Quiénes son los procesados?
JUECES
– Ángel L.
Exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en La Concordia
Él sería el presunto colaborador de la organización delictiva. Según la Fiscalía, habría utilizado su cargo para favorecer con acciones constitucionales a privados de la libertad a cambio de dinero.
Se registran mensajes que tienen relación con el procesado y la presunta organización delictiva, así como se menciona una transferencia de dinero realizado a Lenin V. por parte de Armando R. Este último sería familiar de Wilson R., quien habría sido beneficiado de la medida cautelar concedida por Ángel L.
– Byron O.
Exjuez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en Chone
Utilizando su cargo habría favorecido con acciones constitucionales a privados de la libertad -presuntamente- a cambio de un beneficio económico, siendo un colaborador importante en la organización. Las comunicaciones y movimientos financieros establecen su relación entre los beneficiarios de las medidas dictadas con otros procesados como Lenin V.
– Simón G.
Exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores con Sede en Paján
Habría actuado como colaborador de la organización delictiva, con el fin de favorecer con acciones constitucionales a privados de la libertad -presuntamente- a cambio de dinero. La investigación determina movimientos financieros entre su esposa y Lenin V., en fechas que coinciden con las medidas otorgadas a favor personas sentenciadas o con prisión preventiva.
– Joffre R.
Exjuez de Garantías Penales de Chone
Sería parte de la organización delictiva y habría utilizado su cargo para favorecer con acciones constitucionales a privados de la libertad, a cambio de beneficios económicos, mismos que habrían sido confirmados a través de llamadas telefónicas y mensajes en los que se muestran transferencias bancarias de familiares de privados de libertad beneficiados y del procesado Lenin V.
– Franklin T.
Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Pasaje
Presunto colaborador de la organización delictiva, que habría utilizado su cargo para favorecer acciones constitucionales -ilegítimas- a privados de la libertad, a cambio de dinero.
Según la Fiscalía, habría concedido acciones constitucionales ilegales -como la libertad inmediata- a personas privadas de la libertad, cuyos casos se encontraban en distintos centros carcelarios de la provincia de El Oro.
En estos procesos -como modus operandi de la organización- se alegaron cuestiones de salud para ordenar la libertad mediante acciones constitucionales ilegítimas.
A su vez, se registra una trasferencia de dinero realizada por Mario C. a Lenin V. El primero es hermano de William C., persona privada de la libertad que habría sido beneficiada con una resolución del juez Franklin T.
SECRETARIOS
– Gary P.
Secretario de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores con Sede en Paján
Habría colaborado para favorecer con las acciones constitucionales otorgada por el juez de su despacho. Es decir, habría admitido a trámite las acciones presentadas, que posteriormente serían aceptadas.
– María José L.
Secretaría Judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en Pasaje
Presunta colaboradora de la organización delictiva. Según la Fiscalía habría utilizado su cargo para favorecer a privados de la libertad, a través de sorteos irregulares con acciones constitucionales, a cambio de dinero.
También habría actuado irregularmente en causas que recayeron en el juez Franklin T.
Se registran interacciones de mensajes de parte de la procesada con otros presuntos miembros de la organización delictiva.
POLICÍAS
– Marco C.
Policía en servicio activo
De la investigación se deriva que el agente de la Policía Nacional habría cumplido la función de colaborador, facilitando información reservada que habría permitido conocer si la persona (privada de la libertad) beneficiaria de la acción constitucional ilegítima tenía boleta de captura vigente o prohibición de salida del país.
De esta manera, habría alertado a la organización sobre estos particulares, en caso de que se revocaran los fallos con supuestas irregularidades.
– Hugo A.
Policía en servicio activo
La Fiscalía lo identifica como un colaborador de la organización delictiva que, aprovechando su calidad de agente de la Policía habría facilitado los medios de los sistemas informáticos de la institución policial para informar, facilitar o alterar información referente a prohibiciones de salida del país que tenían las personas procesadas que solicitaban las medidas constitucionales, con el fin de garantizar que pudieran hacerlo
Además, Hugo A. habría mantenido conversaciones constantes con el procesado Lenin V., presunto líder de la organización delictiva. El intercambio de mensajes se encuentra en cadena de custodia.
ABOGADOS
– Lenin V.
Sería el organizador de la estructura criminal y enlace con jueces, policías y personas privadas de la libertad. También tenía conexiones con un miembro de una presunta organización delictiva.
Se presume que era quien coordinaba con otros abogados la presentación de acciones constitucionales. Para asegurar que los resultados sean favorables y obtener la libertad de las personas procesadas para las que trabajaba habría recibido y entregado dinero a jueces y otros funcionarios.
En mayo del 2023, le fue concedido un habeas corpus con el que logro el traslado de Wilson T., sentenciado por sicariato, desde el Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo hasta el Centro de Privación de la Libertad de Manabí No. 3, en Bahía de Caráquez.
Asimismo, Lenin V. habría recibido y enviado transferencias de dinero a presuntos miembros de la organización delictiva.
– José T.
Habría actuado como intermediario entre las personas privadas de libertad y los jueces que eran parte de la organización (a cambio de dinero u otro beneficio), con el objeto de obtener medidas constitucionales -ilegítimas- para que los privados de la libertad salgan libres.
Según información de la Unidad de Análisis Financiero, Lenin V. habría recibido varias transferencias de José T. y viceversa.
– Hugo L.
Se presume dirigía la organización. Su rol habría consistido en captar personas privadas de la libertad y coordinar acciones con el ciudadano Lenin V.
Además, sería el encargado de recibir y entregar dinero a los demás miembros de la estructura. Según lo expuesto por la Fiscalía, Hugo L. cobraba dinero que era destinado a obtener acciones constitucionales a favor de los privados de la libertad.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
– Omar J.
Exfuncionario del SNAI en Azuay
Habría actuado como reclutador de los privados de libertad, aprovechándose de su trabajo como funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y de su influencia en esa entidad.
La Fiscalía lo identifica como un colaborador importante dentro de la organización, ya que contactaba a los familiares de las personas privadas de libertad y a organizaciones delictivas. También habría ejecutado acciones, cuyo objetivo era de obtener la libertad de los privados de la libertad a cambio de dinero.
– José M.
Exfuncionario del SNAI en Tungurahua
Habría actuado como intermediario entre las personas privadas de libertad que requerían obtener una media constitucional -ilegítima- para alcanzar la libertad, con los jueces que serían parte de la organización, a cambio de dinero u otro beneficio.