Ricardo Rivas tiene sospechas de que el Ministerio del Interior no entregará las actas completas de lo determinado por la Corte Constitucional, por lo que solicitó la creación de un comité.
Ricardo Rivas informó que el pasado 24 de abril solicitó al Ministerio del Interior una reunión, previo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a la Secretaría de Seguridad a desclasificar los documentos del caso del secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio, Efraín Segarra, Javier Ortega y su hermano Paúl Rivas.
Rivas explicó que el 2 de mayo, el Ministerio del Interior respondió que está trabajando en el tema y el 6 del mismo mes, les informó que el 8 de mayo, es decir dos días después, a las 10:00 les entregarían la información.
“Pero faltando 25 minutos nos cancelaron la reunión y nos dicen que será trasladada para el viernes”, agregó.
Ricardo Rivas consideró que la presión e indignación en las redes sociales provocó que el Ministerio del Interior se vea obligado a llamar a la entrega de información este mismo 9 de mayo a las 15:00.
“Esto es indignante porque no estamos mendigando la información, es parte del respeto y la dignidad con la que se debe tratar un caso álgido e importante, que tiene que ver con la libertad de prensa y la seguridad desde el 2018”, subrayó.
Rivas reconoció que sí tiene sus dudas respecto a la documentación que entregará el Ministerio del Interior, de ahí que en los 5 días posteriores a que se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional, las familias pedirán que se cree una comisión para verificar que la información este completa.
“Yo estoy seguro que las actas estarán incompletas (…) No podemos confiarnos de un Estado que nos ha negado el acceso a la información durante 6 años”, remarcó en entrevista a Ecuavisa.
Y es que, según Ricardo Rivas, sí existen entidades y autoridades que están protegiendo a quienes manejaron el caso en el 2018.
“¿A quién protege la Fiscalía?, por ejemplo, porque las investigaciones no avanzan so pretexto de que no se ha desclasificado la información. Ahora su argumento se cae”, puntualizó.
El hermano de Paúl Rivas manifestó que sus sospechas surgen porque el propio exsecretario de seguridad, Diego Ordóñez, mencionó públicamente que la desclasificación de documentos podría afectar las relaciones bilaterales de Ecuador y Colombia.
Rivas recordó que en Colombia, incluso, existen versiones de que el periodista Javier Ortega estuvo escribiendo todo el tiempo, desde el momento de su secuestro hasta antes del asesinato: “Estamos buscando ese documento. Tratamos de armar un rompecabezas con las piezas que nos van faltando y es importante la información que se entregue en el Cosepe, que debe ser completa”.
Ricardo Rivas reiteró que la desclasificación de los documentos podría ayudar a determinar la responsabilidad estatal y la posición de las autoridades de turno sobre el secuestro y asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y su hermano Paúl Rivas.
“Hay que recordar la filtración del acta 20, donde Lenín Moreno decía que la dignidad de un país está por sobre la vida de una persona”, aseveró.
Cabe destacar que el 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional dispuso que se desclasifiquen las actas y audios de las sesiones que llevó a cabo el Consejo de Seguridad los días 28 de marzo, 13 y 17 de abril de 2018.
La Corte ofició a todas las entidades a entregar la información a las familias del equipo periodístico de diario El Comercio el 8 de abril de 2024 y dio como plazo máximo 30 días. Ese tiempo se cumplió el miércoles 8 de mayo.