El Presidente del Cpccs, quien dio paso a la creación de una veeduría ciudadana para evaluar la designación de la actual Corte Constitucional, dijo que no tienen competencia para “comerse” a la Corte. Señaló que decir lo contrario sería falso.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se encuentra en un enfrentamiento legal con la Corte Constitucional (CC) debido a la conformación de una veeduría ciudadana. Esta veeduría tiene como objetivo revisar las acciones del Cpccs de transición, que estuvo en funciones entre 2018 y junio de 2019.
La controversia comenzó cuando un juez de Montecristi, Manabí, aceptó una acción de protección presentada por una ciudadana que solicitaba la formación de la veeduría. El juez determinó que esta instancia debería evaluar las acciones administrativas relacionadas con el cese de funciones y la designación de jueces de la Corte Constitucional por parte del Cpccs transitorio.
El presidente del Cpccs, Alembert Vera, enfatizó que no tienen la capacidad de destituir a los jueces constitucionales y aclaró que la solicitud de la veeduría ciudadana provino de la ciudadanía, no del Cpccs.
“No podemos generar ninguna actividad que vulnere o que esté en contra de las decisiones tomadas por el Trujillato, por muy nefasto que personalmente me parezca”, subrayó Vera en su rendición de cuentas semanal.
Sobre la solicitud de la Corte para obtener documentación sobre el caso, Vera la consideró «indelicada» y señaló que la Corte debe aclarar cómo aplicará el artículo 204 de la Constitución relacionado con el control social de las acciones del poder público.
El Cpccs abrió un proceso de inscripción para la veeduría ciudadana, pero Vera indicó que, en caso de su formación, no acatarían sus recomendaciones.