La asambleísta por ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad habló sobre los plazos que tiene el Legislativo para que se concreten iniciativas aprobadas, el domingo 21 de abril.
Según la asambleísta Inés Alarcón, del oficialista ADN, la Comisión de Seguridad, que preside, espera que el presidente Daniel Noboa envíe un proyecto de Ley, para concretar las iniciativas aprobadas en nueve de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum, el domingo 21 de abril del 2024.
Así, en Ecuavisa, Alarcón recordó que Daniel Noboa deberá enviar el proyecto de ley, hasta cinco días después de que se publique en el Registro Oficial. Después de eso, precisó, los asambleístas tendrán 60 días para pronunciarse. La propuesta deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego ir a la Comisión de Seguridad y después al Pleno.
En la consulta popular y referéndum, la población aprobó el apoyo de las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, a la Policía Nacional, en temas de seguridad, aunque el país no se encuentre en estado de excepción; que puedan revisar armamento; extradición, incremento de penas, cumplimiento de la sentencia completa en la cárcel, permiso para usar las armas incautadas, extinción de dominio de bienes de origen ilícito, entre otros.
«En el tema estricto de las preguntas de la consulta popular, dijo Inés Alarcón, exhortamos a las fuerzas políticas a respetar la voluntad popular. Una prioridad es esta demanda ciudadana de seguridad».
Además Alarcón, de ADN, subrayó que el Gobierno ha marcado una hoja de ruta clara, en contra del narcoterrorismo y narcodelincuencia. Según ella, en estos casi cinco meses de Gobierno de Noboa hay datos contundentes. «El Presidente ha sido claro, no va a tolerar que la violencia se siga apoderando del país».
Con la consulta popular, señaló la asambleísta, se crean marcos jurídicos, como extradición y ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito y atacamos la estructura económica de estos grupos delincuenciales. «Desde la Comisión de Seguridad estamos trabajando en marcos jurídicos para debilitar a estos grupos de delincuencia organizada».