La fiscal Diana Salazar emitió un comunicado a través del que señala que se busca menoscabar su reputación para buscar impunidad en casos ya sentenciados.
El viernes 10 y domingo 12 de noviembre, desde la cuenta de Acción Jurídica Popular se difundieron extractos de audios de la sesión del Honorable Consejo Universitario, desarrollada el 28 de junio. Ese día se analizó el resultado del informe sobre el presunto plagio en la tesis de Diana Salazar, fiscal General del Estado, graduada en esa universidad. La decisión fue que hubo impericia, no plagio.
No se habían conocido en detalle las posiciones de los integrantes del Consejo Universitario de la Central. Pero Acción Jurídica Popular consiguió, luego de interponer recursos judiciales, que se les entregaran los audios.
Frente a eso, el viernes 10 de noviembre, Diana Salazar, fiscal General del Estado, publicó un comunicado en su cuenta de X. Se refiere a los audios, que le parece se obtuvieron abusando de acciones constitucionales:
«La insistencia en el uso de este tema no tiene otro fin más que menoscabar mi reputación, con la intención de buscar impunidad en casos que ya han sido sentenciados en los tribunales. Pero es necesario que, meses después, la sociedad ecuatoriana esté clara en que este constante y sistemático ataque evidencia una campaña de violencia política en mi contra. Todas estas falsas acusaciones, que ya fueron resueltas en la instancia competente, desatan un sinnúmero de ataques digitales llenos de odio».
¿Qué se oye en los audios?
En la grabación de la sesión del Consejo de la Universidad Central se escucha la voz del rector, Fernando Sempértegui. Les advierte a todos que guarden los documentos con el informe en su sobre manila. «Tengan con ustedes, al final van a entregar, no difundan, no fotografíen», dice y también al parecer que les devolverán luego los celulares.
Además, el rector Fernando Sempértegui señala que la exestudiante (Diana Salazar) acusa una impericia para citar, que, «debía ser corregida por el Director, pero sí él también vivía una situación de impericia cómo la iba a corregir. Si los tratadistas del derecho en Ecuador hacen pasables revisiones bibliográficas, pongámonos en la situación de una alumna de 23 años, bajo la dirección de un director que no tenía pericia».
En la tesis, anota el rector Sempértegui, hay 36 citas de pie de página y he marcado un poco más de 50, sin una cita de pie de página, son citas a modo coloquial.
A Silvia Vega, profesora y delegada al Honorable Consejo Universitario, por la Facultad de Ciencias Humanas, se le oye decir: «si no hacemos este trabajo, yo personalmente tendría que votar en contra señor Rector».
Julieta Logroño, comenta, que hay coincidencias que no necesariamente se deben citar,
Los profesores Luis Molina y Patricio Salazar señalan que no habían tenido oportunidad de revisar el informe antes, solo se enteraron del documento ese día.
Extractos de los audios de la sesión se han difundido en la cuenta de X de Acción Jurídica Popular, así:
Aquí un avance de la Sesión SECRETA del Rector de @lacentralec Fernando Sempértegui
Los audios del Consejo Universitario, demuestran en su «GRAN DEBATE ACADÉMICO”q siempre quisieron esconder el PLAGIO y salvar a la Fiscal General Diana Salazar, inventando la “IMPERICIA” pic.twitter.com/bz5X0k22Aw
— Acción Jurídica Popular (@JuridicaPopular) November 11, 2023
‼️#AudioUCE 1 Tesis #DianaSalazar
Rector @lacentralec Fernando Sempértegui señaló:más de 50 citas “NO TIENEN CITA DE PIE DE PÁGINA” en otras palabras PLAGIO
Y q “La IMPERICIA debía ser corregida x el Director,pero..también vivía en IMPERICIA”
VERGÜENZA ACADÉMICA#LadyImpericia https://t.co/rxWfavbgPZ pic.twitter.com/BBthy8BcXE— Acción Jurídica Popular (@JuridicaPopular) November 13, 2023
Aquí el comunicado completo, de la fiscal General del Estado, Diana Salazar:
Frente a este ataque sistemático, que ya fue resuelto por la autoridad competente, es necesario mi pronunciamiento ⬇️ pic.twitter.com/r0Qtcf3zIn
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) November 11, 2023
El mes pasado, la fiscal Diana Salazar interpuso una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de Priscila Schettini, esposa del ex Defensor Público, y de Angélica Porras, abogada del colectivo Acción Jurídica Popular.