La bancada de UNES anunció que votará a favor, mientras que Pachakutik, bloque al que pertence Guadalupe Llori, rechazó el proceso en su contra.
Punto Noticias. Por un caso de diezmos, el Comité de Ética recomendó la destitución de la asambleísta de Pachakutik (PK), Guadalupe Llori, por cobros indebidos a funcionarios a su cargo cuando fue presidenta de la Asamblea, en julio de 2021. Las bancadas legislativas definen su postura, un día antes de la sesión del Pleno de la Asamblea.
Este miércoles 23 de noviembre, a las 15h30, el Pleno Legislativo conocerá y resolverá sobre el informe que recomienda la destitución de Llori.
La bancada Unión por la Esperanza (UNES) anunció que apoyará dicho informe con los 47 votos. El Partido Social Cristiano (PSC) también confirmó que votará a favor de su destitución.
Mientras que en la Izquierda Democrática (ID), por su división interna, se desconoce la postura de esta fraccionada bancada. Sin embargo, el legislador Dalton Bacigalupo, parte del Comité de Ética y quien apoyó el informe con dicha recomendación, espera que el bloque respalde su posición.
La oficialista Bancada por el Acuerdo Nacional (BAN), hasta la publicación de esta nota, no ha confirmado su postura. El bloque, en mayo de este año, se opuso a la destitución de Llori como presidenta del Legislativo y al momento de votar no estuvo presente.
Pachakutik, por su parte, rechazó el informe, incluso, defendió a Llori. Salvador Quishpe, coordinador de la bancada, calificó de “gestiones” que la expresidenta tuvo que hacer para poder “cumplir correctamente su rol de presidenta”.
Son necesarios 92 votos para aprobar el informe del Comité de Ética. Al momento, al menos 70 legisladores apoyarían la destitución de la legisladora, quien fue removida como presidenta de la Asamblea, en mayo de este año, por incumplir sus funciones, con el respaldo de 82 legisaldores.
El informe
El Comité de Ética sustanció la denuncia que presentó la legisladora Johanna Ortiz, de UNES, en contra de Guadalupe Llori, por beneficiarse del alquiler de un vehículo Ford Explorer, color negro, para su movilización los fines de semana, en julio de 2021.
Los pagos no los realizó la Asamblea ni Llori. Fueron, al menos, tres funcionarios quienes, con su sueldo, costearon incluso el pago de la gasolina. Todas las facturas y transferencias se presentaron como prueba.
Aunque la expresidenta del Legislativo tenía un carro asignado, que lo utilizaba de lunes a viernes, ella solicitó a Gloria Larenas, entonces administradora General de la Asamblea, que se coordine el alquiler de un vehículo para los fines de semana.
Roxana Meza y Carlos Cadena, ante el Comité de Ética, confirmaron que Larenas, por orden de Llori, les pidió alquiler el vehículo y que luego les devolverían el dinero. Meza reveló que la propia Guadalupe Llori mantuvo una reunión, en agosto, para decirles que un asesor se encargará del reembolso, pero hasta la fecha no han recibido ningún dinero. En el caso de Meza, hasta $1.400 pagó, en un mes.
Guadalupe Llori no se presentó en todo el proceso y envió a su abogado, Julio César Sarango, quien dijo que no existía pruebas de que su clienta solicitó dichos cobros.