Según explicó la Unidad Técnica Legislativa la iniciativa enviada por el Presidente incumple con requisitos específicos de ese tipo de textos.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) decidió postergar el análisis del proyecto de ley económica urgente propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, para la recuperación de activos de origen ilícito.
La iniciativa, cuarta enviada por el mandatario con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional, incumple con requisitos específicos de ese tipo de textos, señaló esta semana la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
No obstante, la decisión de aceptar o no el inicio del trámite parlamentario corresponde al CAL y, de admitirlo, primero se debatiría en una comisión y luego en el plenario, todo en 30 días.
Se esperaba que este jueves el CAL decidiera, pero la sesión quedó suspendida y reprogramada para la noche de mañana.
La asambleísta Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana y miembro del CAL, afirmó que el texto propuesto por el jefe del Ejecutivo no cumple con los requisitos para considerarla de carácter urgente.
“Si de verdad Noboa quiere enfrentar el conflicto armado interno vía normativa, debe hacer bien la tarea y presentar un nuevo proyecto de ley”, afirmó la legisladora.
⁉️SUSPENDIERON LA SESIÓN DEL CAL⁉️ NO HAY LOS VOTOS PARA CALIFICAR LEY DE NOBOA
El 4to proyecto de Ley Orgánica de Urgencia Económica de Noboa es un shampoo normativo con errores de fondo y forma. No cumple con el principio de conexidad de materia ni justifica un cambio fáctico…— Esther Cuesta Santana (@esthercuestasan) January 19, 2024
Según el texto enviado por Noboa, en esta nueva normativa se se busca extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, fortalecer la economía, promover la seguridad ciudadana y la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.
La iniciativa tiene 66 artículos, los cuales reformarían al menos seis leyes vigentes.
La disposición plantea que la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se pueda justificar el origen lícito de los activos, sin compensación alguna para su titular.
Por otro lado, juristas alertan que de ser aprobada la ley, serían innecesarias dos de las preguntas enviadas a la Corte Constitucional para someter a consulta popular, específicamente las relativas a la extinción de dominio y a la incautación de armas.
La Constitución permite al mandatario remitir al legislativo dos proyectos económicos urgentes de forma simultánea cuando el país está bajo estado de excepción, como es el caso.