Ante la falta de políticas públicas, surgieron cuestionados planes emergentes para el respaldo de artistas que no se concretaron.
Punto Noticias. Las cifras son indiscutibles. 1 de cada 3 trabajadores del arte y la cultura percibe una remuneración inferior al salario básico unificado, que al momento está en $400. Entonces, ¿Qué se podría celebrar un 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, con un sector cada vez más precarizado?
En diciembre de 2016, la Ley Orgánica de Cultura fue publicada en el Registro Oficial. Desde entonces, lo poco que se ha avanzado en la construcción de políticas públicas se vio afectado con la llegada de la pandemia.
Mientras la receta para las personas era el confinamiento, no lo era para este sector. La pandemia reveló la precariedad en la que se encuentran artistas y gestores culturales en el país. Hoy, con teatros, estudios y talleres cerrados por la crisis, otros con aforos reducidos, aumenta la presión sobre un gremio que siempre ha estado en emergencia.
Más datos: según el estudio realizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, la mitad de trabajadores encuestados no tiene un sistema de seguro médico (ni público, ni privado) y la mayoría no dispone de ahorros por sus limitaciones de ingresos y solo la mitad de trabajadores tiene ingresos mensuales.
Ante la falta de políticas públicas, surgieron cuestionados planes emergentes para el respaldo de artistas que no llegaron a concretarse en algunos casos. En todo este tiempo, no ha se elaborado un plan integral para el desarrollo de políticas necesarias para proteger el trabajo de los gestores culturales y de los artistas, así como defender el derecho de la ciudadanía a los espacios culturales, que siempre son los primeros en cerrar en las resoluciones gubernamentales.
Si bien el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el responsable de emitir las políticas públicas para el sector, entidades como la Casa de la Cultura Ecuatoriana tampoco ha hecho su parte y ha preferido unirse al silencio estatal ante los reclamos de los trabajadores del arte y la cultura, por lo que se vuelve un reto, incluso una obligación para quienes postulan en las elecciones de esta institución, la planificación de políticas en un trabajo conjunto con las autoridades nacionales.