El organismo internacional ha señalado que los Estados deben establecer estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en las cárceles.
Punto Noticias. Las estructuras criminales que controlan las cárceles del país no operan solas. Por lo general, lo hacen en complicidad de autoridades y otras fuerzas de seguridad. Esta fue una de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre el sistema penitenciario, tras su visita en diciembre de 2021.
Explican en su documento que el control efectivo de los pabellones se encuentra en manos de grupos de internos que se encuentran en una lucha por el control de los centros penitenciarios, así como de los territorios al exterior de los centros de privación de libertad.
Al respecto, la Comisión ha señalado que los Estados deben establecer estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas que controlan diversas actividades delictivas, tales como el tráfico de drogas, alcohol y el cobro de cuotas extorsivas a otras personas detenidas.
Asimismo, la CIDH ha identificado que, por lo general, estas estructuras operan en complicidad con autoridades penitenciarias y de otras fuerzas de seguridad.
De igual manera, la Comisión ha establecido que las políticas de prevención de la violencia deben integrarse dentro del marco general de políticas penitenciarias integrales que contemplen la atención a otros problemas estructurales de las cárceles.
Entizan que la crisis responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado –gestado desde años atrás–, aunado a la ausencia de una política criminal integral orientada hacia estrategias de prevención y control de la delincuencia con un enfoque de derechos humanos que responda a las causas que originan a la misma.