El tratamiento de casos penales los hizo blanco de sus asesinos. Ahora los gremios de abogados se alistan a exponer la situación a instancias internacionales.
Punto Noticias.- Entre el 2022 y el 2023, cinco fiscales han sido asesinados en el país. Tres en 2022 y dos en lo que va de este año.
El último caso se registró el pasado 5 de octubre. La Fiscalía confirmó el asesinato del agente fiscal de Babahoyo, Genaro Reascos, quien fue atacado cuando transitaba a bordo de su vehículo por Jujan, provincia del Guayas.
Reascos trabajó año y medio en esa dependencia de la Fiscalía y trataba casos relacionados con muertes violentas.
Mientras, el 1 de junio, Leonardo Palacios fue asesinado por un grupo de sicarios que estaba en una moto, cuando salía de una audiencia de juicio que se realizaba en contra Andy C. y Ricardo A.
Al fiscal del cantón Durán le dispararon más de 35 veces con una subametralladora calibre 9 mm a pocos metros de la avenida Nicolás Lapentti.
Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado informó que la máxima autoridad de la institución, Diana Salazar, recibió una amenaza de muerte a través de medios digitales. Esto provocó que el gobierno de Guillermo Lasso le dé toda la protección que necesitaba.
Protocolos internos
De manera interna, los servidores de la Fiscalía cuentan con una plataforma en la que pueden registrarse y solicitar de manera personal el resguardo para su seguridad en caso de necesitarlo.
Un fiscal, que prefirió la reserva de su nombre, mencionó que los servidores llenan un formulario en caso de peligro y las autoridades analizan el riesgo.
Mientras, desde la Fiscalía se indicó que se les pide a los funcionarios que trabajen desde sus casas y hagan uso de la tecnología para los trámites, reuniones virtuales, toma de versiones telemáticas, entre otros.
También ante la aplicación de una medida cautelar que está vigente y que se enmarca en la necesidad de resguardo a escala nacional, personal de la Policía Nacional está presente en diferentes dependencias de la Fiscalía.
Acudir a instancias internacionales
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, señaló que el objetivo es exponer esta situación de violencia contra funcionarios judiciales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ocaña, dijo que en los últimos dos años se ha visto cómo la violencia se ha incrementado en nuestro país llegando hasta que funcionarios judiciales sean asesinados.
Expuso que la acción del Gobierno es nula y que “tener a cargo casos penales se ha convertido en un deporte de alto riesgo para los jueces y fiscales que son amenazados, intimidados y, posteriormente, asesinados”.