La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de USD 265,6 millones. Al no contar con el dinero, los concursos, por ejemplo de jueces, están parados. Alrededor de 18 000 citaciones están pendientes.
Punto Noticias.- El titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó una acción de protección en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. El objetivo es que entregue los recursos necesarios para la Función Judicial y que la Función Ejecutiva se abstenga de pronunciarse sobre distintas causas.
En un comunicado, la Judicatura insistió en que se entreguen los recursos suficientes para que se pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.
Según la entidad, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de USD 265,6 millones. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
David Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura, aclaró que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.
Explicó que los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
De acuerdo con la Judicatura, a escala nacional hay 1 978 jueces. Eso determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
Sostuvo que esa situación perjudica también a los procesos de gestión de citaciones. Por ejemplo, en Quito, existen 17 777 citaciones pendientes, debido a que no cuentan con suficiente personal ni vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea.
A esta crisis se suman los USD 77,3 millones que hacen falta para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, entre otros servidores judiciales.
Las autoridades judiciales indicaron que por la falta de recursos, no se han podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con cada una de estas tareas, la Función Judicial requiere más de USD 31 millones.
Mientras por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles, vehículos, el déficit es de USD 46,8 millones.
Terán manifestó que estas cifras revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
Para la máxima autoridad del órgano administrativo de la Función Judicial hace falta voluntad del Ejecutivo y fue por esa razón que presentó la acción de protección que también se extendió al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.