La operadora afirmó que hubo una predeterminación por una presunta omisión metodológica en la fijación del precio para la asignación de frecuencias a Conecel y Otecel y que ambas empresas pagaron igual valor por Megahertz de espectro asignado.
Punto Noticias.- La operadora de telecomunicaciones Conecel – Claro aseguró que siempre cumplió con todas y cada una de las condiciones determinadas por el Estado ecuatoriano en el proceso de ampliación de las frecuencias 4G en el 2015 y que por tanto no existió ninguna glosa en su contra.
En un comunicado, la empresa dijo que es inaceptable que se pretenda afectar la reputación de Claro y afirmó que existió una predeterminación de la Contraloría General del Estado contra los funcionarios del Mintel y de lo que era la Senatel (hoy Arcotel) que lideraron, en el 2015, el diseño. proceso y fijación del precio para la ampliación de las frecuencias 4G a las operadoras privadas (Conecel y Otecel), basado en la metodología recomendada por la consultora internacional contratada por el Estado ecuatoriano, Aseta.
En el escrito, Claro explica que esa predeterminación se estableció por una presunta omisión metodológica en la fijación del precio para la asignación de frecuencias a Conecel y Otecel. Ambas empresas pagaron igual valor por Megahertz de espectro asignado.
Según la operadora, en el proceso de predeterminación se presentaron los informes de tres firmas consultoras internacionales que avalaron el proceso de asignación de frecuencias y coincidieron en que la metodología empleada por el Mintel y la Senatel (hoy Arcotel) fue la correcta.
Claro aseveró que no tuvo injerencia en dicha asignación y que se limitó a cumplir los términos definidos por el Estado.
En junio de 2019, la Contraloría ratificó que las condiciones económicas y la metodología establecida por el Estado ecuatoriano para la asignación de espectro adicional para ambas operadoras privadas estuvieron apegadas a la ley.
Con este antecedente, Claro rechazó expresiones a las que las calificó de “imprecisas, tendenciosas y lesivas” que estarían encaminadas a afectar a la empresa, debido a un supuesto “desvanecimiento” de una glosa.
Este hecho se generó porque a fines de junio, la Fiscalía abrió una nueva investigación contra el contralor subrogante, Pablo Celi, por el desvanecimiento de una glosa a Claro.
Según la Fiscalía, el monto de la glosa ascendería a los USD 112 millones. Este nuevo caso que se habría registrado en 2019, se desprende del caso Las Torres en el que Celi es procesado por presunta delincuencia organizada y en el que también se investiga el desvanecimiento de glosas a favor de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador.
Nelson Villavicencio, funcionario de Contraloría que estableció el incumplimiento de la compañía de telecomunicaciones dijo que fue el director nacional de Responsabilidades, Luis Miño, quien le solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes técnicos y desvanezca la glosa. Situación que le habría generado que le pidan su salida por no acatar la orden.
Dijo que posterior a ese impasse fue reintegrado a sus funciones y se enteró que fue Celi, quien firmó el informe que dio de baja la glosa.
La Fiscalía investiga este nuevo caso, luego de revisar las versiones y chats de funcionarios de la Contraloría que darían a conocer una serie de situaciones que se tejen alrededor del caso Las Torres.
🔴 #Atención l CONECEL – CLARO informa que cumplió con todas las condiciones determinadas por el Estado ecuatoriano en el proceso de ampliación de las frecuencias 4G en el 2015. "Jamás existió glosa alguna contra la empresa", asevera la compañía. pic.twitter.com/9iOXhzWY5X
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) July 5, 2021
Fuente: Claro, Primicias, redes sociales