Los especialistas en seguridad, Carla Álvarez y Fernando Carrión, explican las implicaciones de la quinta pregunta de la consulta popular del gobierno.
Punto Noticias.- La consulta popular y el referéndum en Ecuador se celebrará el domingo 21 de abril de ese 2024. Son 11 preguntas que deberán responder los ciudadanos en las urnas: 1 es de reforma parcial a la Constitución, 4 son de referéndum a la Constitución y 6 de consulta popular.
Dentro del grupo de interrogantes de consulta popular se encuentra una relacionada con el decomiso de armas usadas en un delito, para que sean empleadas por la fuerza pública.
La pregunta es:
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
¿Qué dicen los especialistas?
Para Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad, esta pregunta interferiría con los procesos judiciales, pues las armas, sus partes o municiones, que fueron usadas en un crimen, deben ser debidamente judicializadas.
«No estoy de acuerdo, las armas, sus partes o municiones o explosivos deben ser debidamente judicializadas. Muchas veces los procesos judiciales demoran mucho tiempo, pero es necesario que durante este tiempo las armas se guarden, para que estén a disponibilidad de fiscales y peritos», explica la experta.
«Reinsertar las armas que fueron obtenidas de un delito es un absurdo, porque puede obstaculizar un proceso judicial. Nos deja a ciegas en medio de las investigaciones forenses», puntualiza Carla Álvarez.
Fernando Carrión, sociólogo, investigador, especialista en seguridad ciudadana y docente universitario, observa que la interrogante no aclara qué proceso se seguirá para que militares y policías usen este tipo de armas o municiones.
«¿A manos de quién van las armas decomisadas?; ¿cuál es el proceso que se debe seguir para poder utilizarse?», cuestiona.
Asimismo, Carrión coincide que muchas de las armas que se utilizan para cometer delitos en Ecuador son artesanales y no cuentan con un registro.
En caso de que esta pregunta sea aprobada, el presidente Daniel Noboa, en el plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Asamblea Nacional.
El Legislativo tendrá un plazo máximo de 60 días, para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.