La Contraloría informó que el tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría es de 92 días.
Punto Noticias. La Contraloría General del Estado inició este 22 de febrero de 2021 una auditoría en la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 y el plan de vacunación que inició el Ministerio de Salud. Analizarán los procesos desde agosto de 2020.
El viernes 19 de febrero, el contralor subrogante, Pablo Celi, dispuso que inicie el examen especial para establecer el cumplimiento o no de la legalidad en estos procesos.
Desde este lunes, la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social analiza las operaciones efectuadas entre el 1 de agosto de 2020 y el 19 de febrero de 2021, en esa cartera de Estado.
“El examen deberá determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables al proceso de vacunación y la veracidad, propiedad y legalidad de los procesos de adquisición de vacunas contra la Covid-19, su plan de vacunación, distribución y uso”, dice el documento. La Contraloría informó que el tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría es de 92 días.
Varios actores políticos, de la academia y organizaciones sociales han criticado el bajo número de vacunas que han llegado hasta el momento (8.190 en enero y 16.380 en febrero). A esto, se suman las denuncias por no respetar la hoja de ruta para el proceso de inoculación en Ecuador.
Estaba previsto que la fase 0 o plan piloto inicie con la aplicación de las dosis a todo personal de primera línea y de geriátricos, tanto público como privados. A los pocos días, se conoció que Zevallos vacunó a su madre en una residencia de adultos mayores privada, que no formaba parte de la lista de Hospitales y geriátricos que formaban parte de esta primera dosis. Los médicos reclamaron que las vacunas se priorizaron en personal administrativo y no en los profesionales de salud como médicos, enfermeras, auxiliares, personal de las Unidades de Cuidados Intensivos.
La Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo pidieron la destitución del funcionario. En la Fiscalía, se presentaron denuncias por presunto tráfico de influencias y en el Legislativo se calificó a trámite dos juicios políticos en su contra.