El presunto perjuicio al Estado superaría los USD 18 millones. Estas glosas son parte de los exámenes realizados por el ente de control desde el 28 de noviembre del 2023. Además, se efectuaron 62 informes con indicios de responsabilidad penal, cuyo presunto perjuicio sería de USD 46.6 millones.
Punto Noticias.- Seguros Sucre y la Empresa Ecuador Estratégico fueron glosadas por la Contraloría General del Estado. El monto del presunto perjuicio sería de USD 18 979 601.
El ente de control glosó a Seguros Sucre por USD 11 000 000 y a Ecuador Estratégico por USD 7 979 601. A ambas empresas les determinó responsabilidades civiles y administrativas.
El examen a Seguros Sucre se derivó de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil.
De igual manera, el organismo de control observó falencias en la construcción del puente colgante sobre el rio Jatun Yaku (Tena).
En este caso, el constructor de la obra contratada por la Empresa Pública Ecuador Estratégico no amortizó el valor del anticipo e incumplió sin justificación el cronograma del proyecto y sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no se le impusieron multas.
Por estos casos, la Contraloría indicó que para que el Estado recupere esos recursos, se implementó un procedimiento para el pago también de intereses, costas y gastos administrativos, de las responsabilidades civiles y administrativas confirmadas.
Informes con indicios de responsabilidad penal
Estos resultados son parte del informe de los 100 días de gestión del contralor Mauricio Torres. En ese tiempo (desde el 28 de noviembre del 2023), la Contraloría aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado, para que inicie los trámites correspondientes.
El monto del posible perjuicio al Estado identificado en los informes de responsabilidad penal asciende a USD 46.6 millones. Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza.
Para la Contraloría, los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.
También, se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Consejo de Educación Superior, Superintendencia de Compañías, entre otros organismos.
En ese período, además, se aprobaron IRP en las empresas estratégicas como la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Corporación Nacional de Electricidad, Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.