Los consejeros creen que es posible nombrar a un encargado, mientras se organiza el concurso para designar al definitivo. Mientras, la Procuraduría argumenta que el Cpccs no tiene facultad legal para nombrar encargos en la Contraloría.
Punto Noticias.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) insiste en darle a la Contraloría General del Estado una nueva autoridad y para ello tiene una propuesta.
La entidad ya tiene listo el proyecto de reglamento para organizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana, con el fin de nombrar al titular de la Contraloría General del Estado. Pero mientras eso sucede busca una salida jurídica para designar a un contralor encargado, debido a la situación judicial y política que enfrenta el contralor subrogante, Pablo Celi.
El pasado 5 de mayo, el Pleno del Cpccs encargó a una comisión técnica integrada por delegados de los siete consejeros que elabore dicho proyecto que ya está terminado y que este viernes 2 de julio se lo conocerá en una sesión extraordinaria en la cual se lo aprobará para la socialización con grupos de la sociedad civil.
Este concurso público de oposición y méritos tomará unos seis o siete meses en realizarse, para que en marzo del 2022 se posesione a la nueva autoridad de la Contraloría, cuando concluye el período para el que fue electo el excontralor Carlos Pólit, que fue censurado y destituido en un juicio político por la Asamblea Nacional por estar involucrado en el caso Odebrecht y que fue subrogado por Celi ante una decisión del Consejo de Participación Transitorio.
Se anticipó que para la organización de dicho concurso se requeriría un presupuesto aproximado de USD 400.000.
El proyecto de reglamento contempla la integración de una comisión ciudadana de selección que se encargará de organizar el concurso público, que contará con las etapas de verificación de requisitos e inhabilidades de los postulantes.
Se planifica calificar sus méritos y un examen oral y escrito sobre 100 puntos. De este total, 50 será para los méritos y los otros 50 para la oposición.
Mientras se organiza el concurso para designar al titular de la Contraloría, también los consejeros buscan un argumento jurídico para designar a un contralor encargado ya que está preso y desde la Asamblea Nacional se inició el procedimiento de juicio político.
El consejero Hernán Ulloa propuso acoger lo que establece el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo sobre las ‘Ausencias’, en el que se establece que, en caso de ausencia definitiva de la autoridad de esta institución, el Consejo “procederá a encargar a una persona, quien ejercerá las funciones establecidas en la presente ley por el período que dure el proceso establecido para la selección y designación”.
“Nosotros tenemos esa facultad en base en una norma supletoria que está en otra ley orgánica, que es la de la Defensoría del Pueblo. Si bien regula las actividades de la Defensoría, son normas supletorias de las actividades o funciones que pueden darse para otras autoridades, porque entre las normas se complementan”, explicó.
Pero a pesar de las intenciones del Cpccs existe un pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador, en el que se determinó que esta entidad no tiene facultad legal para nombrar encargos en la Contraloría.
Esa fue la respuesta a una consulta que hizo Sofía Almeida, presidenta del Cpccs a la Procuraduría y en la que se menciona que la subrogación de funciones es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de ciertos organismos, entre ellos la Contraloría General del Estado, y que no existe norma legal que faculte al Consejo de Participación encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de esa entidad.
Ulloa reconoció que este pronunciamiento “corta de raíz la posibilidad” de nombrar un encargo. Pero frente a la crisis institucional que atraviesa el órgano de control de los recursos públicos, el consejero propuso convocar a un diálogo a las máximas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Procuraduría, para que “se analicen perfiles y que se elija entre todos a un contralor encargado, que tenga legitimidad”.
Para Almeida, en cambio, sí sería posible nombrar a un contralor encargado y culpó al procurador del Estado de “entramparlos”.
Ante esta situación al interior de la Contraloría se cumple el Reglamento de Suscripción de Documentos, con el que el director nacional de Gestión Institucional puede suscribir comunicaciones y demás documentos, y se designó a Carlos Riofrío González como subcontralor general.
Fuente: El Universo, redes sociales