Los integrantes de la Comisión de Gobiernos Autónomos resolvieron que si en esta ocasión los funcionarios no acuden se iniciará un proceso de juicio político.
Punto Noticias.- Si la próxima semana los ministros de Energía, Juan Carlos Bermeo, y del Ambiente, Gustavo Manrique no comparecen ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional para informar sobre las acciones realizadas tras el socavón en el cantón Zaruma registrado en diciembre de 2021, no se descartaría que sean sometidos a un proceso de juicio político.
Los dos funcionarios fueron convocados a comparecer el 12 de enero, pero ninguno asistió a entregar la información como parte de un proceso de fiscalización por solicitud de la asambleísta Patricia Sánchez, del bloque de Pachakutik.
El ministro de Energía envió una excusa señalando que el detalle e información sobre el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma están siendo tratados por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, a la que compareció el 5 de enero. Pero la Comisión de Gobiernos Autónomos, por unanimidad, resolvió volver a llamar a los funcionarios, aclarando que, si en esta segunda oportunidad no comparecen, se aplicará el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se advierte que, si el funcionario no comparece en la fecha y hora fijadas en la convocatoria o no remite la información, será causal de enjuiciamiento político.
Son 14 preguntas para cinco funcionarios que tienen relación con las acciones realizadas para remediar a la población afectada por la actividad minera ilegal de Zaruma, compensaciones por los perjuicios causados a los damnificados, acciones de prevención de la contaminación ambiental, procedimientos de control y fiscalización a la actividad minera ilegal.
En el caso del ministro Bermeo, tendrá que responder seis preguntas sobre las medidas de implementación que se tomaron mediante referéndum en el 2018, que prohibió sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
Además, deberá entregar información sobre el número de concesiones mineras otorgadas después del año 2018 en Zaruma.
En el caso del ministro Manrique, tendrá que informar sobre los impactos directos e indirectos que ocasiona la explotación minera, en especial la aurífera, en el ambiente, fuentes hídricas y en la calidad del aire en Zaruma.
Fuente: Asamblea, El Universo, redes sociales