Si el Pleno da paso al juicio político, sin analizar el informe motivado de la Comisión de Fiscalización, sería un precedente nefasto para la estabilidad de la seguridad jurídica del Ecuador, agregó.
Jorge Benavides, subsecretario General Jurídico de la Presidencia de la República, enfatizó que el Pleno de la Asamblea Nacional está en la obligación de conocer el informe de la Comisión de Fiscalización, aún cuando no fue aprobado por la mayoría de la mesa. En este no se recomienda continuar con el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.
Asimismo el Secretario Jurídico de la Presidencia explicó que el artículo 16 del reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes u Ocasionales de la Asamblea, indicó que en caso de no existir la mayoría para aprobar un informe, se entenderá que no tiene eficacia jurídica.
“En este caso el efecto jurídico es el archivo del juicio político. No se puede aplicar procedimientos análogos”.
A criterio del funcionario, no caben interpretaciones analógicas ante ausencia de norma jurídica. Si bien reconoció que el informe no es vinculante, también subrayó que es un requisito la existencia del documento para continuar o abstenerse del juicio político.
“Luego de las comparecencias, que se llevaron a cabo en la etapa de sustanciación, fue evidente que no existe responsabilidad de parte del Presidente y en términos jurídicos, el juicio político, estaría caído”.
Mostró preocupación sobre la convocatoria a la sesión del Pleno del martes 9 de mayo de 2023, por parte del titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, pues no se tendrá en consideración el informe motivado de la Comisión de Fiscalización. Eso a su criterio supondría actuar al margen de lo que señala la Constitución y la ley.
“El informe debe ser discutido, indistintamente de si alcanzó o no los votos”, reiteró.
Para Benavides, la Corte Constitucional debería activar un auto para dar seguimiento a su dictamen, aunque también adelantó que desde el Ejecutivo harán gestiones para que la entidad haga lo propio.
“Si el Pleno da paso al juicio político, sin analizar el informe motivado de la Comisión, sería un precedente nefasto para la estabilidad de la seguridad jurídica del Ecuador”.
En entrevista a Radio Democracia, insistió en que saltarse el análisis del informe preparado por el equipo de la Mesa de Fiscalización acarrearía violación al debido proceso.