Considera que la autosubrogación de Carlos Riofrío es ilegal e inconstitucional.
Punto Noticias. En la Contraloría General del Estado hay un contralor autosubrogado, cuya acción de personal de la institución indicaba que sus funciones caducan el 23 o 24 de agosto, a criterio de Jorge Sosa, defensor en Derecho Público.
Sin embargo, Carlos Riofrío suscribió un acuerdo en el cual, él mismo, establece que va a ser contralor subrogante hasta que se designe al nuevo funcionario titular. Para el constitucionalista, esta decisión de Riofrío no tiene ninguna base legal, en ninguna norma, ley orgánica ni en la Constitución y únicamente lo pudo hacer con Pablo Celi el Consejo de Participación Transitorio por las facultades extraordinarias entregadas por una consulta popular.
En opinión de Sosa, esas facultades no las tiene Riofrío, porque terminaron cuando se acabó el Consejo Transitorio y Celi renunció. Advierte que el puesto de contralor está vacante desde el momento que renunció la subcontralora Valentina Zárate, quien estuvo encargada de la Contraloría.
Sosa cree también que los jueces de la Corte Constitucional (CC) mantienen un pronunciamiento contradictorio sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Explicó que sobre el pedido del CPCCS para que interprete el artículo 208 de la Constitución, con el fin de designar a un contralor encargado, la CC inadmitió el pedido argumentando que la modificación a las funciones del Consejo solo lo puede hacer el legislador constituyente, no la CC.
En cambio, sobre la eliminación del CPCCS, los jueces constitucionales emitieron otro dictamen estableciendo que el camino es la reforma constitucional, vía referéndum. Es decir, para el caso de la modificación de sus funciones sostienen que debe hacerla una Asamblea Constituyente y para la desaparición del Consejo puede hacerse con una reforma constitucional.
Sosa destacó que el Consejo de Participación tiene la tesis de que la eliminación de esta institución solamente es posible a través de una Constituyente, tal como fue creada.
El experto considera que la Corte Constitucional, a la par de inadmitir la solicitud del Consejo de Participación, pudo haber insinuado algunos caminos para resolver el problema que atraviesa la Contraloría General del Estado.