Editorial de Radio Pichincha
Ya pocos deben dudar que el asesinato del ex asambleísta Fernando Villavicencio tuvo un propósito de doble vía: algunos dicen que callarlo porque ya estaba tocando a sus propios allegados y trastocar el resultado electoral que ese 9 de agosto le era favorable al binomio de la Revolución Ciudadana.
Claro, lo primero que hicieron los odiadores de siempre fue echarle la culpa al correísmo. Con eso, hasta ahora, han enturbiado el proceso de investigación y han desviado la atención a lo medular: qué pasó con los gatilleros y los autores intelectuales, reales, no los que se inventan cada día.
Y parece que ahora ya nadie se escandaliza al conocer que el supuesto operador principal del crimen (si es que es él) haya actuado desde la cárcel, vía internet, con un servicio AUTORIZADO por el gobierno de Guillermo Lasso. Eso ya no es titular a seis columnas, apertura de los noticieros radiales y televisivos, ni tendencia en redes sociales. La Mafia Mediática está más preocupada del juicio político a uno de los pésimos jueces y vocales del Consejo de la Judicatura. Por supuesto, lo quieren salvar.
No es ninguna paradoja ya decir que cada vez que investigan o muestran evidencias del caso Villavicencio más cerca aparecen funcionarios y políticos allegados a Lasso y a esa derecha que lo apoyó y que ahora tiene un bloque en la Asamblea, los que pintan de terroristas a los luchadores populares y de narco políticos a sus adversarios. Incluso, el reemplazo en la papeleta, el socio de toda la vida del asesinado, el periodista Zurita es señalado por quienes cuentan las cosas que ocurrían esos días en el mal llamado Movimiento Gente Buena.
Después de seis meses del crimen, todavía nada está claro, pero de a poco salen cosas que embarran al Gobierno anterior y que ha tenido tiempo de encubrir muchas pistas para deslindarse de sus responsabilidades concretas. ¿Acaso no estaban bajo custodia del Estado, o sea del mismísimo Lasso, los seis gatilleros asesinados, casualmente, unos días antes de la segunda vuelta electoral en octubre pasado?
Pero como la derecha ecuatoriana tiene todo el poder en la justicia, en la Fuerza Pública y en los medios, a nadie le sorprenda que queden en impunidad los autores directos y los intelectuales, porque de contar con jueces y fiscales responsables ya habrían ordenado allanamientos y aprehensiones contra todos esos que ahora aparecen en las evidencias y en los testimonios de los procesados. ¿O en otro país habrían dejado libres a quienes perturbaron las investigaciones botando el celular a un río o supuestamente mandando al FBI en EE. UU. que no es el país donde ocurrió el crimen y menos el que ordena la justicia ecuatoriana?
Ya sabemos a quién respondía el mismo Villavicencio, el comportamiento abusivo y hasta extorsionador que lo denuncian personas como Jan Topic, además de ese “manto protector” que tuvo de ciertas agencias extranjeras. Y por lo mismo, estaba en terrenos pantanosos y con muchos de sus propios “amigos” tendiéndole trampas en sus ambiciones políticas. PUNTO