Aclaró que ni el ministerio a su cargo ni la Policía Nacional tienen la responsabilidad en la seguridad de los centros carcelarios.
Punto Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional recibió en su sesión virtual, de este lunes 01 de marzo, a las autoridades que tienen competencia con la crisis carcelaria que vive el país, para que expliquen sus causas, el estado actual de los centros penitenciarios y la situación actual.
Comparecieron el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, el comandante de Policía, Patricio Carrillo, y el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo.
El ministro de Gobierno sostuvo que lo ocurrido en las cárceles ecuatorianas es el síntoma de un problema mayor, que es el crimen organizado, que azota al mundo y en especial a América Latina, que ha convertido a la región en la más violenta del planeta.
La amenaza del crimen organizado para el país debe ser enfrentada desde una visión estratégica de Estado. La violencia organizada es un fenómeno creciente y complejo, que opera en forma de red, con mando centralizado y utiliza las fronteras como barrera para ocultar sus actividades ilícitas, señaló.
El control del tráfico de drogas es el objetivo primario del crimen organizado, en el mundo y en Ecuador. Al respecto aseguró que la Policía Nacional, en su lucha contra este flagelo, el año pasado capturó 128 toneladas de droga, mientras que en los dos primeros meses de 2021, 22 toneladas.
Respecto a la crisis carcelaria y la violencia desatada en los centros de rehabilitación social, Pazmiño señaló que en 2017 se produjo un antes y después de la realidad en los centros penitenciarios, con el enfrentamiento entre la organización delictiva Los Choneros, que tenía la supremacía, con la de Los Cubanos. En el ámbito internacional, la desmovilización de las fuerzas irregularidades en Colombia, muchas de ellas verdaderas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, y se crean las disidencias, multiplicando los grupos más pequeños, pugnando por la economía criminal.
A criterio del funcionario, la crisis carcelaria no ha sido enfrentada desde sus causas estructurales. Aclaró que el Ministerio de Gobierno y la Policía no tienen la rectoría de la seguridad penitenciaria ni de la rehabilitación social, sino el cuerpo de seguridad penitenciaria.
Alertó que el sistema de rehabilitación no tiene las capacidades humanas para cumplir con la seguridad carcelaria, el cuerpo de seguridad penitenciaria no cuenta con un centro de capacitación y profesionalización.
Insistió en que la Policía está a cargo de la seguridad perimetral de las cárceles del país; es decir, en los exteriores.
Para Pazmiño, la seguridad penitenciaria es afectada por el hacinamiento, causado por la construcción de megacárceles, que potenciaron los amotinamientos y la violencia de las personas privadas de libertad (PPL).
Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), actualmente hay en las cárceles 38.693 detenidos; 17% corresponde a mujeres y 8% a ciudadanos extranjeros. El 27% de delitos están relacionados con droga.
Señaló como nudos críticos los megacentros penitenciarios, el alto costo de operación, insuficiente número de agentes de seguridad penitenciaria, la corrupción en las penitenciarías, la falta de recursos.
Entre las recomendaciones señaló la necesidad de que se asigne el presupuesto adecuado para emprender en una intervención inmediata en los centros carcelarios, tanto en mantenimiento reconstructivo, como preventivo, que debe incluir la tecnología.
El cuerpo de seguridad penitenciaria debe operar a semejanza de la Policía Nacional.
Reforma constitucional y legal para entregar la tasa de seguridad a la Policía Nacional, que hoy es manejada por los municipios. Una ley orgánica de régimen penitenciario. Cambiar la prisión preventiva por otras medidas sustitutivas.
El ministro de Gobierno admitió que todavía no ha sido superada la crisis carcelaria.