Editorial de Radio Pichincha
Los asuntos medioambientales y ecológicos son de carácter sensible en estos tiempos. Ya no se puede apelar al supuesto desarrollo y al crecimiento económico como valores de sociedades en búsqueda de rentabilidad empresarial o social. Al contrario, el desarrollo sin conservar y respetar a la naturaleza ya no es desarrollo ni mucho menos bienestar.
Los impactos de la acción humana en zonas sensibles como son los bosques, los ríos, los páramos o los manglares traen consecuencias que ahora se explican como “cambio climático”. No es que un ser superior o unas fuerzas oscuras, menos aún ciertos fenómenos “naturales” son los causantes de esos impactos. Somos los seres humanos, de cualquier condición, la razón de que desaparezcan especies animales y vegetales, la desertificación y las inundaciones.
Por eso hay normas y leyes nacidas de debates internacionales y de precautelar zonas para la propia vida de los seres humanos. Pero ni siquiera las leyes, resoluciones de la Corte Constitucional o decretos son ahora la barrera para los intereses inmobiliarios de poderosos grupos económicos. Por supuesto, para cambiar o violar esas leyes usan el poder político o acceden a él para concretar esos negocios y con ello aumentar sus fortunas. Y no les basta con ganar elecciones, ahora ponen a ministros para concretar esos decretos, con lo cual ahora le llaman “legalidad” y trasladan a la Fiscalía la investigación de lo que suponen hicieron “dentro del marco legal”.
Pero lo que no dicen es que utilizar esos poderes, esos ministerios y algunas herramientas institucionales para beneficios privados y particulares se llama CORRUPCIÓN, en todo el sentido y extensión de la palabra.
¿Acaso la esposa de un presidente, accionista mayoritaria de una empresa, con gran influencia mediática, tiene los privilegios y las atribuciones supralegales para hacerse con terrenos y zonas de reserva y conservación ecológica?
De hecho, ya es hora de que se legisle sobre los límites que debe tener la esposa o el esposo de una presidente o presidenta. Damos por hecho que no tiene ninguna atribución, pero vemos que sobre eso la Contraloría no actúa. Y por lo mismo, hace falta una legislación que ponga las normas claras. ¿O está bien que un pariente del presidente inaugure obras, entregue beneficios en modo clientelar, usando recursos públicos sin auditoria alguna?
Si invocan la legalidad de acuerdos ministeriales para otorgar permisos de construcción en manglares, además de delegar a la Fiscalía una investigación, que ya sabemos cómo actúa con los presidentes de turno, desde Moreno para acá, entonces hay una sola conclusión: están llenos de arrogancia, soberbia y prepotencia. En otras palabras, les vale un pepino la institucionalidad y la ética pública. Y un dato más: ¿por qué una familia que tiene tanta plata, grandes negocios y su vida asegurada quiere más y más fortuna usando el aparato estatal? ¿No decían que el Estado no sirve y que para ello es mejore desaparecerlo, adelgazarlo y volverlo solo un esquelético instrumento para la represión y el mínimo servicio?
Pues no, QUIEREN EL ESTADO PARA FAVORECER SUS NEGOCIOS. PUNTO