El exfuncionario enfrenta acusaciones de influenciar y organizar medidas de hecho para obstruir la vía pública.
Punto Noticias.- Elías Baldor B., exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, fue procesado por la Fiscalía Provincial del Azuay, por su presunta autoría en el delito de sabotaje.
Así, la mañana de este lunes 14 de agosto, se efectuó la audiencia de formulación de cargos, en la que Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, le dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de enajenar bienes.
“El fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, sostuvo que en abril de 2022, Elías Baldor B., aprovechándose de su cargo de alcalde de Camilo Ponce Enríquez, convocó a reuniones públicas a los moradores de la comunidad La Florida del cantón Santa Isabel, a quienes habría influenciado e incitado para que adopten medidas de hecho: obstaculicen la vía pública e impidan la libre circulación vehicular”, indicó la Fiscalía.La
Agregó que el argumento del alcalde fue que, en esta comunidad, existe una concesión minera, que no cuenta con los permisos de uso de suelo ni ha cancelado las tasas correspondientes al municipio de Camilo Ponce Enríquez.
Esto, a pesar de que los representantes legales de la compañía presentaron documentación que justifican la legalidad de las actividades mineras, como escrituras públicas de los terrenos donde funciona la concesión minera.
Además, Fiscalía señaló que, tras la realización de las reuniones, se improvisó en la vía pública un control vehicular, que era custodiado por un grupo de personas con el objetivo de impedir la libre circulación de volquetes, que trabajan para concesionarios mineros.
“De acuerdo a la investigación, por disposición de Elías Baldor B., el 3 de mayo de 2022 –con el empleo de personal y maquinaria municipal– se abrió varias zanjas de dos a tres metros de ancho, destruyendo tubería de drenaje de la carretera Pijilí-Santa Teresita-Bella Aurora, ubicada en el cantón Santa Isabel, lo cual impidió el libre tránsito de vehículos y peatones, provocando la paralización de actividades en la zona”.
La instrucción fiscal se basa en versiones del denunciante y de testigos, reconocimiento del lugar de los hechos, informes técnicos periciales de audio y video y planimetría forense, documentación que acredita la legalización e inscripción de la concesión minera y su transferencia a favor de una compañía.