La defensa del esposo de la exlegisladora habla de montos específicos depositados en la cuenta de su cliente y al igual que sus colegas considera que se deben desechar algunas pruebas de Fiscalía por considerarlas “contaminadas”.
Punto Noticias.- Jenny Muñoz no se ha beneficiado de un solo centavo y cumplía órdenes de la exasambleísta Karina Arteaga. Así fue como la defensa de la asistente concluyó que todos los depósitos entregados a su clienta (USD 10.466,81, en total) fueron acreditados en la cuenta de la exlegisladora para la realización de gastos personales y familiares.
Al igual que el abogado de Arteaga, se solicitó que algunos informes técnicos periciales y morfológicos sean excluidos. Incluso, audios y videos.
Sobre todo, dijo que existe un video que circuló por redes sociales antes de que sea puesto en conocimiento de la Fiscalía, por lo que se generó un linchamiento mediático a su defendida.
Expuso que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en su dictamen no mencionó nada de esta grabación que circuló por redes sociales y viola el derecho procesal al ser pruebas contaminadas.
Sostuvo que su clienta a más de sus funciones como asistente debía despachar ciertas actividades extras (personales) y que ahora la Fiscalía quiere acusarla como cómplice del presunto delito de concusión.
A esto sumó que Mireya Orellana, la mujer que trabajó entre julio, agosto y septiembre de 2018 para Arteaga, sí fue a la Asamblea para firmar su contrato, pero que su clienta nunca participó en esa firma porque eso era netamente con Talento Humano ante el requerimiento de la exasambleísta.
“Orellana tenía pleno conocimiento ya que adjuntó una declaración juramentada para ser enrolada”, dijo.
Añadió que todos los recursos recibidos por Muñoz han sido justificados por una funcionaria del Banco Pichincha y en esa certificación constarían todos los ingresos y egresos.
El defensor indicó que todo está respaldado por facturas y más bien dijo que Muñoz depositó más de USD 200 a Alianza PAIS como una contribución a la organización política.
Sostuvo que no se puede hablar de que su defendida amenazaba o extorsionaba a nadie y añadió que los egresos efectuados por Muñoz suman más de USD 10.800, por lo que tendría un saldo a favor de USD 400.
Ante estos elementos, el abogado pidió que se dicte auto de sobreseimiento y se deje sin efecto las medidas cautelares.
En el caso de la defensa de Jhon Arturo Álava, esposo de Arteaga y acusado por Fiscalía de cómplice, cuestionó la responsabilidad que se le quiere atribuir.
El abogado se sumó a todo lo dicho por sus otros colegas que se deseche los informes técnico – periciales por no ser lícitos y se escuche a algunos testigos.
Comentó que no hay fundamentos de hecho y de derecho y trajo a colación que en una primera instancia la Fiscalía impuso a su cliente más de 20 elementos de cargo y cuando hizo su dictamen los redujo a ocho sobre la base de un oficio del SRI sobre cuatro bienes inmuebles, un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), del MIES y de los bancos del Austro y Guayaquil sobre tarjetas de crédito.
Aprovechó para desvirtuar lo expuesto por la parte acusadora que mencionaba que los recursos fueron depositados en la cuenta de Álava.
La defensa del cónyuge de Arteaga hablaba de más de USD 8.500 en tres depósitos efectuados en 2018.
Fuente: CNJ