Celi argumentó que la sentencia no está en firme y denunció irregularidades en el procedimiento jurídico.
Punto Noticias.- Tras la notificación por escrito de la sentencia en contra del excontralor, Pablo Celi, su hermano y nueve personas más, en el caso Las Torres, las reacciones continúan. Así Celi publicó una carta, este jueves 6 de julio, el la cual asegura que impugnará esta resolución.
En el texto señala que la sentencia “no está en firme”, aunque así lo divulguen las autoridades. E indica que la sentencia oral, difundida en febrero de 2023, fue notificada cinco meses después en “forma incorrecta” y será confrontada con “los recursos legales que corresponden” en todas las instancias, que aún no están agotadas.
Además, Pablo Celi menciona que los funcionarios judiciales, jueces y fiscales, deberían abstenerse de intervenciones mediáticas sobre casos que se encuentran en su conocimiento y bajo su responsabilidad.
“La sentencia que se pretende dar por conclusiva, además de inmotivada, está incursa en vicios de procedimiento y nulidades insalvables, ha sido emitida, atropelladamente, por un tribunal ilegalmente constituido y cuestionado en su competencia”.
También señala que para sentenciarlo se aplicó el tipo penal de delincuencia organizada, establecido para casos de terrorismo, pero no de administración pública.
Contexto
Este 5 de julio, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, notificó por escrito la sentencia en contra de Celi, su hermano y nueve personas más, por el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía informó que recibió la notificación de la sentencia escrita este martes 4 de julio, luego que el juicio oral se instalara el 4 de abril de 2022 y se prolongó hasta inicios de 2023.
La sentencia, en primera instancia, se emitió el 10 de febrero de 2023. La Fiscalía argumentó que los 11 sentenciados formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos.
Para la Fiscalía, entre 2017 y 2020, en EP Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia de la República funcionó una estructura criminal que estaba liderada por el excontralor Pablo Celi y Pablo Flores, exgerente de la estatal petrolera.
Esta organización -cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos- habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa Nolimit C. A.
En la sentencia se acusó a Pablo Celi y Pablo Flores como autores directos del delito de delincuencia organizada, por lo que se les impuso una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel a cada uno.