Desde 2018 hasta 2022, se han levantado 591 cadáveres de presos en las cárceles de todo el país. De ese número, el 76% fueron asesinados en las 15 masacres registradas. Hasta ahora, las familias no han tenido una respuesta efectiva del Estado, peor justicia.
Punto Noticias. “Perdí a mi hijo, el 28 de septiembre de 2021, asesinado en el pabellón cinco de la Penitenciaria del litoral, en una de las masacres carcelarias más crueles e inhumanas, que vienen sucediendo en mi país desde 2018”. Ana morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles de Ecuador, relató el contexto de impunidad en la que viven cientos de familias.
Ella compareció en la audiencia pública temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el impacto diferenciado en la vida de las familias de personas privadas de libertad en las Américas.
En el caso de Ecuador, Morales dijo que se han vulnerado sus derechos y los de sus familiares. Desde 2018 hasta 2022, contó, se han levantado 591 cadáveres de presos de las cárceles del país. De ese número, el 76% fueron asesinados en las 15 masacres registradas. Hasta ahora, las familias no han tenido una respuesta efectiva del Estado, peor justicia.
A nivel internacional, buscan medidas para que el Estado ecuatoriano responda. En las cortes del país también luchan por acceso a la justicia.
Este miércoles 12 de julio, finalmente se instaló la audiencia de acción de protección que presentaron las familias de personas en prisión, con el objetivo de que el juez identifique las violaciones directas a 11 derechos constitucionales como resultado de la crisis carcelaria, entre ellos, el acceso a la información, la seguridad jurídica y la salud.
Esperan también que se identifique a los responsables y además acceder a una reparación integral, que incluya disculpas públicas, garantías de no repetición, atención psicológica y una indemnización económica.
El Estado dice que tiene el control del sistema penitenciario. Ana Morales desmiente a las autoridades porque cada centro penitenciario se maneja por auto gobierno de las bandas de delincuencia organizada. Al punto, de que los presos son extorsionados y las familias deben realizar transferencias por diferentes rubros.
“No hay avances en el país sobre las recomendaciones emitidas por la CIDH”, reclamó Morales.