La entidad busca evadir cualquier tipo de control y se ampara en que es un ente autónomo.
Punto Noticias.- Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, las actuaciones de control que quieran ejercer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el Consejo de la Judicatura (CJ) a la Fiscalía no tienen validez por ser un ente autónomo.
Es por eso que no asistirá al llamado hecho por el Cpccs para que explique el tema del supuesto plagio de parte del texto de la tesis doctoral obtenido en la Universidad Central del Ecuador y de un libro que habría presentado para el concurso de méritos y oposición para ocupar el cargo que ahora representa.
Tampoco para la fiscal tiene validez el accionar sancionatorio que pueda ejercer en su contra el Consejo de la Judicatura porque ninguno de los dos organismos tiene la potestad para fiscalizarla, sino solo la Asamblea Nacional. Incluso, la misma Judicatura aclaró que el informe preliminar que fue elaborado por la Subdirección de Control Disciplinario que se basa en una denuncia recibida en contra de la fiscal y que tiene relación con el supuesto plagio fue solo una opinión y que actuará con imparcialidad.
Con ese criterio, la Judicatura intentó bajar un poco la tensión con la Fiscalía con la cual tiene roces -meses atrás- por temas de evaluación y recategorización de fiscales.
Reacciones sobre el control a la Fiscalía
Hasta el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha se pronunció sobre el control a la Fiscalía.
A través de un comunicado dejaron entrever que el informe de la Subdirección de Control Disciplinario de la Judicatura acerca de una “medida preventiva de suspensión” de la fiscal general no tendría asidero.
Para ello, señalaron que el Consejo de la Judicatura tiene potestad de control disciplinario para iniciar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos contra aquellos servidores que pertenecen a las carreras que integran la Función Judicial, donde se exceptúan servidores, entre otros, como la fiscal general del Estado, por mandato legal en el Código Orgánico de la Función Judicial previsto en los artículos 39, 42, 43, 102, 112, 114, 290.
En esa línea insistieron que la Judicatura no tiene competencia para suspender a la fiscal general ni para seguir procesos de control disciplinario en su contra.
Criterios como ese son validados por la fiscal Salazar para rechazar cualquier actuación de control disciplinario que se le pretenda ejercer.
Cpccs analiza designación del fiscal subrogante
La fiscal Diana Salazar aprovechó para referirse al pedido del Consejo de Participación Ciudadana efectuado al Consejo de la Judicatura para que responda a un ciudadano sobre la designación del fiscal subrogante Wilson Toainga.
Lo hizo a través de un comunicado en el que se explica que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombró a Toainga como fiscal general subrogante por ostentar el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal, conforme al informe que emitido por el Consejo de la Judicatura.
En consecuencia, precisó que la designación de la autoridad subrogante de la Fiscalía no le correspondía al Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, pidió al Cpccs que actúe conforme dicta la Constitución y la ley.