Asimismo, plantea que el Pleno decida el archivo del juicio político contra el exministro de Energía, debido a que vencieron los plazos.
Punto Noticias. La Comisión de Fiscalización resolvió preparar un informe sobre el estado del juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, que también sugerirá se priorice el enjuiciamiento político contra Pablo Celi, contralor subrogante.
El documento será sometido a votación en la continuación de la sesión 04 de la mesa de Fiscalización, que se reinstalará una vez que concluya la sesión 712 del Pleno de la legislatura de hoy.
En el debate desarrollado en la sesión del organismo parlamentario, esta mañana, sus integrantes estuvieron de acuerdo en informar al Pleno que se ha producido la preclusión (pérdida, extinción o caducidad de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida a tiempo) del proceso contra Ortiz, toda vez que vencieron los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la sustanciación de la solicitud de juicio político.
Sobre la base de este informe, los asambleístas proponen que sea el Pleno el que decida si se archiva la solicitud o se da paso al juicio político. Plantean, además, que se dé prioridad el proceso contra el contralor subrogante, Pablo Celi, quien se encuentra en la cárcel procesado por presunta delincuencia organizada.
Los legisladores dejaron en evidencia que, la imposibilidad de continuar con el juicio político en contra del exministro de Energía, de ninguna manera lo libera de responsabilidad sobre las causales para abrirle el proceso ni de otras actuaciones del exfuncionario.
Aclararon que aún queda tiempo para plantear un nuevo proceso político, ya que la responsabilidad política de los ministros puede ser juzgada durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de concluidas sus funciones.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, destacó la importancia de tomar decisiones de manera unánime al interior de la mesa, que demuestra la voluntad política de cumplir el mandato de ejercer una verdadera fiscalización, sin temor ni favor, priorizando la dignidad, el interés nacional, la ética y el derecho.
Fuente: Asamblea Nacional.