Estudiantes pagan para evitar agresiones, también maestros son víctimas de extorsión en Nueva Prosperina. Policía informó que jóvenes estarían ingresando con armas a colegios.
En Nueva Prosperina, el distrito más afectado por la violencia en Guayaquil, algunos estudiantes están exigiendo dinero a sus compañeros y a maestros a cambio de no agredirlos. El jefe policial local, Roberto Santamaría, denunció lo que llamó una economía criminal que se ha arraigado en escuelas y colegios del sector.
Según Santamaría, al interior de las escuelas se han documentado casos de extorsión, donde los estudiantes pagan para evitar ser víctimas de agresiones. Este patrón se repite incluso entre los propios estudiantes, quienes exigen sumas que oscilan entre USD 1 y USD 2, para evitar riñas o golpizas.
Los profesores también se han convertido en objetivos de estas extorsiones, con estudiantes que les exigen hasta USD 2 000 para permitirles continuar con sus labores. La situación se agrava al finalizar el año escolar, cuando los estudiantes presionan a los maestros para obtener el pase del año lectivo.
🔴#ATENCIÓN | Roberto Santamaría, jefe de policía de la #NuevaProsperina, asegura que en las escuelas del sector existe extorsión a maestros y estudiantes. Existe evidencia de un alumno disparando dentro de una institución. pic.twitter.com/HLSlpjuvR6
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 27, 2023
La Policía ha identificado nueve escuelas en el distrito, donde se han reportado incidentes de violencia, incluyendo casos de estudiantes armados disparando dentro de escuelas y colegios. El jefe policial destacó que un preocupante 16% de los estudiantes menores de edad está vinculado directa o indirectamente a organizaciones delictivas.
A pesar de esta realidad debido a la postura del Ministerio de Educación con su titular María Brown, las clases presenciales en seis instituciones educativas de la zona se reanudaron este miércoles 27 de septiembre, tras haber sido suspendidas debido a la violencia. Tampoco Brown ha dicho cómo enfrenta estas extorsiones que afectan a la comunidad educativa.
Para abordar esta crisis, la Policía ha implementado un plan de retorno seguro, que incluye la inspección de las instalaciones escolares para prevenir la presencia de armas y drogas ocultas en basureros, techos y pupitres.