El parlamentario andino habló en torno a la situación del gobierno, en medio de las denuncias del medio digital La Posta.
Virgilio Hernández, parlamentario andino, señaló que existen suficientes méritos para iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Para eso, la Corte Constitucional deberá verificar el cumplimiento de requisitos de admisibilidad, pero no juzgar si se configuran las causales.
A su criterio las denuncias en contra del mandatario permiten avocar el artículo 130 de la Constitución, pues sí existe conmoción social cuando se habla de un régimen presuntamente vinculado con la mafia.
“Ahora depende de la voluntad de actores políticas como la CC que debe analizar el grave momento que pasa el Ecuador para facilitar salidas pacíficas, constitucionales y legales”.
Así, Hernández explicó que en el caso de aplicar el 130, el vicepresidente Alfredo Borrero tomaría el lugar de Lasso por plazo máximo de 90 días hasta convocar a nuevas elecciones.
Aclaró que no se puede aducir que el artículo 130 ya se lo puso sobre la mesa del Pleno de la Asamblea en junio de 2022, en el paro nacional, pues no se ejecutó. Y la prohibición de volver a avocarlo es cuando existe la sucesión por muerte cruzada.
“Esto es una olla de presión que puede tener múltiples posibilidades a través de las cuales se resuelva”
Además Hernández alertó porque en febrero de 2015 se incluyó a Albania entre los países considerados como paraísos fiscales y en 2022, de manera sorpresiva, se saca a esa nación dejando en duda las razones, más aun cuando en enero de este año el portal digital La Posta sacó a la luz un informe de Inteligencia Policial. En el mismo se anota que Guillermo Lasso habría recibido USD 1.5 millones, para su campaña por parte de Rubén Cherres presuntamente vinculado con la mafia albanesa.
De otro lado Hernández preguntó por qué el ministro del Interior, Juan Zapata, no entrega los registros migratorios de Cherres, Hernán Luque y Danielo Carrera, por considerarlo reservado o de seguridad nacional.
“Hay un escenario de un Gobierno que decide subsistir, sobrevivir, mantenerse, y eso puede ser grave porque vemos el talante autoritario y puede venir acompañado con persecución”.
Con esta base, puntualizó que la Asamblea deberá analizar todos los documentos, testimonios y audios filtrados que tiene para tomar una decisión acorde a la realidad del país, que no es de carácter penal sino política.