En 2021, Héctor -nombre protegido- fue detenido y trasladado hasta la cárcel de Santo Domingo. Vivía de la agricultura, sobrevivió a dos matanzas en este centro penitenciario y su familia mantiene la esperanza de volver a verlo.
Un mes y trece días ha pasado desde la última masacre en el sistema penitenciario ecuatoriano. Sucedió el 18 de julio en la Cárcel de Bellavista, en la provincia de Santo Domingo, que dejó 12 presos asesinados. Un mes después, las familias siguen llorando a sus muertos; mientras que para los familiares de los que sobrevivieron, cada día es incierto.
Un día a la vez. Así vive Héctor -nombre protegido- quién cumple una sentencia de 29 meses de prisión por tráfico de drogas. Él sobrevivió a las dos masacres en este centro penitenciario: la primera del 09 de mayo de este 2022, que dejó al menos 44 internos asesinados; y la última, la del 18 de julio, que cobró la vida de 12 privados de libertad, muchos de ellos desmembrados.
A Héctor, un hombre que ha vivido cuatro décadas, en casa le espera su esposa Ana, su hijo Julio -nombres protegidos- y su pequeña nieta; pues ya cumplió el 60% de su pena, por lo que espera salir en libertad en los próximos meses.
“Ojalá Dios quiera que le hagan salir rápido, porque uno no sabe lo que pueda pasar allá – en la cárcel- en un instante. Imagínese, ya, dos masacres (…)”, dice Ana, esposa de Héctor, a quien describe como un hombre trabajador y buen marido.
Era cerca de la una de la madrugada de ese 18 de julio, cuando Héctor alertó a su familia sobre enfrentamientos en la cárcel. “Dijo que ahí matan y matan. Empezaron a meterse, a tumbar puertas, a quererse meter en el pabellón de ellos”, relata Julio, su hijo.
Ante la ausencia del Estado y la falta de garantías para toda la población penitenciaria, la única salida es la fe. Al menos eso pasa con Ana y Julio; quienes cada noche se encomiendan a Dios para que cuide a Héctor, porque es el único que lo puede cuidar, “si no, ¿quién más lo va a proteger?, porque nosotros no podemos hacer nada”, comenta Ana con resignación.
Y es que no ha existido una intervención integral por parte del Estado, para atender la crisis en el sistema de rehabilitación social. Así lo sostiene la periodista Karol Noroña, quien ha reportado el tema hace dos años.
“Nunca va a haber paz sin una intervención integral y sin que se den cuenta de cuál es la raíz del problema. Lo que todos esperamos es dejar de contar más muertos”, resalta la periodista.
Con Karol coincide Christian Palacios, representante de la organización S.O.S Cárceles, quien dice que la crisis no está siendo enfrentada correctamente por el Estado.
“No ha sido enfrentada de manera técnica, porque el Gobierno está pensando que únicamente es una disputa entre bandas por espacios de venta de droga, pero hay otras realidades”, agrega Christian.
Hace un año y medio, Héctor fue detenido y trasladado hasta la cárcel de Santo Domingo. Es su primera vez en prisión; pues, antes de su encarcelamiento, él trabajaba como agricultor en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Antes de la llegada de la pandemia del coronavirus a Ecuador, Héctor fue despedido de su trabajo, tras haberse violado sus derechos laborales. La empresa de la que era parte lo despidió luego de sufrir un accidente en una de sus piernas.
“Si se metió a eso fue porque estaba enfermo, no tenía trabajo. Usted sabe que hay personas que engañan fácilmente y eso le pasó. Cayó en un engaño por un amigo y empezó a vender (…)”, lamenta Ana.
La situación de Héctor en la Cárcel de Bellavista es tranquila, comenta su familia y aclaran que él no es parte de ninguna organización delictiva; sin embargo, la preocupación por una nueva masacre está latente.
El 21 de febrero de 2022, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo N. 355, para otorgar indultos a las personas privadas de libertad que cumplan ciertos requisitos, como tener una sentencia ejecutoriada por delitos menores; haber cumplido al menos el 40% o 60% de la pena privativa de la libertad; que no mantenga otras sentencias condenatorias y más. Hasta el 11 de julio, se concedieron 800 indultos, con la expectativa de llegar a los 1.800 a inicios de agosto, según precisó Lasso.
El indulto es una de las esperanzas que tenía la familia de Héctor; pues ya cumplió con el 60% de la condena. Sin embargo, Héctor fue sentenciado por tráfico de sustancias, lo que le impide ser beneficiario de esta medida, comenta su hijo, Julio.
“Como no ha tenido más delitos, es la primera vez que mi papá pisa una cárcel y no tiene más antecedentes, esperemos que le puedan ayudar”, añade.
Pero la realidad en el sistema carcelario es compleja. “Ahí dentro todo es dinero”, enfatiza Julio. Una realidad en la que los presos son mercancía de las organizaciones delictivas y del sistema de rehabilitación social, de acuerdo con Christian Palacios.
Por su parte, Karol Ñorona también expresa su preocupación por esta realidad; pues comenta que el sistema carcelario es un sistema de privilegios y extorsión que no ha cambiado. Agrega que esta problemática no solo pasa por el sistema penitenciario, sino que también es un problema de la Función Judicial y de la falta de políticas públicas.
Los casos de extorsión es una de las conclusiones del informe de Human Rights Watch, publicado en julio de 2022. La organización de derechos humanos resalta que “las cárceles en Ecuador a menudo están controladas por organizaciones delictivas que extorsionan dinero a los detenidos y sus familias”.
Volviendo a Héctor, la esperanza, la angustia y el tiempo son factores que le quita el sueño a él y a su familia. Su esposa Ana, su hijo Julio y su nieta esperan con ansias volver a verlo, mientras se encomiendan a Dios para que una nueva masacre no vuelva a suceder.
Sobre el sistema penitenciario
La crisis carcelaria no ha terminado y los problemas como el hacinamiento, las extorsiones o las precarias condiciones de vida de la población penitenciaria agravan esta situación.
Hasta el 29 de julio de 2022, último reporte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el porcentaje de hacinamiento en los 36 centros carcelarios de Ecuador era del 7,74%, con un promedio anual del 11, 79%.
Hasta esa fecha, la población carcelaria a nivel nacional era de 32.505 personas privadas de libertad; en un sistema con capacidad para 30.169 detenidos. Asimismo, las estadísticas del SNAI evidencian 2.336 plazas faltantes en los centros de privación de libertad; es decir, los espacios que se requieren para albergar al total de privados de libertad.
“A causa del hacinamiento, muchos detenidos duermen en el piso”, recoge Human Rights Watch, de acuerdo con testimonios de los familiares. Algunos de los reos, agrega el informe, “tienen acceso limitado a necesidades básicas, como alimentos, agua y medicamentos adecuados”.
Con el objetivo de controlar y reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad, el 22 de agosto, el SNAI inició el censo penitenciario; mismo que comenzó en Carchi y continuará en los 35 centros de privación de libertad del país.