El expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que se encuentra en Argentina, no se acogerá a ningún procedimiento abreviado. El pasado 24 de noviembre, un juez le dictó orden de prisión preventiva.
Punto Noticias.- Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y uno de los ochos procesados en el Caso Encuentro, no se someterá a un procedimiento abreviado y mucho menos se convertirá en un informante de la Fiscalía. Él prefiere que el proceso de presunta delincuencia organizada continúe el trámite que corresponde y solo busca defenderse en libertad.
Edgar Molina, uno de sus abogados, reiteró que su cliente no se acogerá a una cooperación eficaz y mucho menos a un procedimiento abreviado porque la Fiscalía no cuenta con las pruebas necesarias para inculpar a su cliente.
El abogado dijo que en enero de 2023 se difundieron grabaciones a través de un medio digital que fueron tomados por la Fiscalía como prueba de un supuesto acto ilícito.
Según la Fiscalía, Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso; Luque; Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Leonardo Cortázar, supuesto operador político; Roberto Bueno, Jorge Orbe, Julio León y Gabriel Massuh son parte de una red que tenía como fin cometer delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Es así, que los ocho habrían participado en la suscripción de contratos y nombramientos en instituciones públicas a cambio de réditos.
Para Molina las grabaciones fueron mutiladas e incluso así lo habría dicho el periodista que difundió la información en este caso, quien incluso se habría referido a que se destruyó el pendrive que contenía las originales.
El jurista señaló que en el ámbito periodístico por reservar la fuente eso puede ser una acción normal, pero que en la parte legal eso no procede y que por lo tanto habrá que ver cómo la Fiscalía sustenta su acusación, sobre todo, porque en uno de los audios se alude a la voz de Luque.
En ese sentido, dijo que es necesario una pericia en la que se coteje la voz de su cliente. Mientras eso se dé, está a la espera de que se actúe en igualdad de condiciones con el resto de procesados que el pasado 24 de noviembre recibieron medidas cautelares al igual que Luque.
Aunque dijo que Luque a más de recibir prisión preventiva tiene difusión roja de la Interpol, a pesar de que el juez Renán Andrade, a cargo del caso, conocía que su defendido está en Argentina.
Tras esa decisión, la defensa técnica de Luque apeló y ahora se espera que en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se revoque la prisión preventiva.
En el caso de que se le niegue la revocatoria, Molina consultará a Luque si se opta por otro recurso legal para intentar que se defienda en libertad. La idea es solicitar la presentación periódica y mejor si se da en Argentina.
Si nada de eso sucede, la defensa técnica de Luque continuará respondiendo al curso normal del proceso, hasta ver la actuación de la Fiscalía en el momento que emita su dictamen fiscal en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Por el momento, transcurren los 90 días que otorgó el juez Andrade para la instrucción fiscal.