La AME solicitó que se integre a los municipios al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), con derecho a voz y voto.
Homero Castanier, director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), destacó que los municipios están de luto, luego de que este fin de semana fue asesinada la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García y su comunicador, mientras el lunes 25 de marzo fue baleada la casa del alcalde de Balzar, Galo Meza, y tan solo ayer miércoles se registró un atentado contra funcionarios del cabildo de Bahía de Caráquez.
“No es normal que, en los últimos meses, 20 funcionarios municipales han sido asesinados, entre concejales, dos alcaldes y demás funcionarios”, agregó.
Castanier detalló que hasta el momento 12 alcaldes han recibido atentados y si no han muerto es porque no han sido impactados por balas letales, de ahí que por tercera vez han pedido al Gobierno de Daniel Noboa que se haga un análisis de riesgo a los 221 alcaldes del país, a fin de determinar alertas tempranas y que así pueda recibir la seguridad de la fuerza pública.
“Sabemos que ha sido redireccionado al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional”, acotó.
Otra de las solicitudes de la AME es que se integre a los municipios al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), con derecho a voz y voto, a fin de participar de la estrategia del plan de seguridad, su ejecución y también conocer de los resultados de las acciones que se han llevado a cabo de parte de la fuerza pública en los últimos meses.
“El municipalismo que somos el gobierno más cercano al territorio podemos coadyuvar”, puntualizó.
Homero Castanier mencionó que la inseguridad no es el único problema de las municipalidades sino también la situación económica, a la cual calificó de crítica, pues el Gobierno lleva 4 meses de atrasos que deja una deuda de más de USD 1 100 millones.
“Es complejo porque existen municipios que no tienen para pagar sueldos, combustibles y peor para ejecutar obras de infraestructura. Esto pone en riesgo a ciertos servicios”, subrayó.
Castanier explicó que cada mes, el Estado está obligado a transferir USD 164 millones a los municipios, no como tema discrecional sino por ley, pero lamentablemente en marzo solo se canceló USD 42 millones, correspondientes a noviembre del 2023: “Esta semana que viene nos reuniremos en un consejo nacional ampliado para analizar la inseguridad y la deuda del Gobierno”.