La Fiscal Salazar respondió a la acusación, afirmando que la Universidad Central ya se pronunció sobre este caso.
Punto Noticias.- Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos presentaron los hallazgos del informe final de la Veeduría Internacional “Transparencia Académica”, sobre los trabajos académicos de la Fiscal General, Diana Salazar.
El informe identificó “casos de plagio” en los trabajos de Salazar, incluyendo párrafos y páginas enteras “copiadas de otras fuentes”, sin las referencias adecuadas. Además, se detectaron defectos formales que afectan a la calidad y coherencia de los textos.
Mediante un comunicado, las organizaciones señalaron que la falta de originalidad, coherencia y rigor en los trabajos analizados, sugiere un “alto grado de similitud” con los textos originales, lo que indica “plagio o deshonestidad académica”.
Además, se mencionó que, con el informe, las organizaciones instaron a las autoridades pertinentes a investigar estos hallazgos y garantizar la integridad y la transparencia en el ámbito académico.
Réplica
La Fiscal Salazar respondió a las organizaciones no gubernamentales. Así indicó que, ante el informe de una “supuesta veeduría”, recuerda que la única instancia competente para revisar su tesis es la Universidad Central del Ecuador.
“Que ya se pronunció y expresó con claridad que no existió ‘plagio’ alguno”, indicó. Agregó que académicos fueron los encargados de revisar nuevamente el trabajo universitario y dejaron sin ningún efecto cualquier interés de mancillar su nombre.
“Este nuevo intento -esta vez con nombres de organizaciones que no cuentan con reconocimiento alguno (y menos de índole académico) dentro o fuera del país- lo único que hace es evidenciar su desesperación por encontrar impunidad”, señaló.
Antecedente
El pasado 27 de julio, tras las denuncias de un supuesto plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar, el colectivo Acción Jurídica ganó la acción constitucional, que ordena a la Universidad Central a entregar información de la sesión del Consejo Universitario, luego de la que se aseguró que hubo impericia en el trabajo académico.
Priscila Schettini, miembro de este colectivo, mencionó que los jueces constitucionales aceptaron la acción. “Dijeron que se han vulnerado nuestros derechos de acceder a la información pública, que la Universidad Central del Ecuador nos ha negado desde el 30 de junio”.
Schettini, esposa del ex Defensor del Pueblo, agregó que se ordenó al rector y autoridades de la Central que entreguen el audio de la sesión del 18 de junio de 2023, la resolución y el acta certificada de la reunión del Consejo Universitario sobre la tesis de la Fiscal Diana Salazar.
El abogado Alberto Montenegro añadió que, además, se declaró que la universidad “violó los derechos” de acceso a la información pública y el derecho a la petición, contenidos en la Constitución de la República.