La intervención médica para la interrupción del embarazo en casos de violación, para mujeres mayores de 18 años será de 28 semanas; mientras que para menores de 18 años y mujeres con discapacidad no habrá plazo.
Punto Noticias.- Por más de 10 horas se extendió la sesión 066 de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en la que se analizaron varios artículos del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, considerados como «nudos críticos», como parte de la elaboración del informe para segundo debate de este proyecto en el Pleno.
En la diligencia, los asambleístas integrantes de esta mesa legislativa discutieron sobre la temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación; el nombre de la ley; la notificación a Fiscalía; los requisitos para el procedimiento; y el consentimiento.
En el caso de la temporalidad, con seis votos a favor, se definió establecer un plazo máximo para la intervención médica de 28 semanas, en el caso de mujeres mayores de 18 años; mientras que para niñas y adolescentes menores de 18 años de edad y mujeres con discapacidad no habrá un plazo para la interrupción del embarazo en casos de violación.
Por otro lado, en el caso de la notificación a Fiscalía, los legisladores resolvieron que los profesionales de la salud que intervengan en este procedimiento notifiquen a la Fiscalía General del Estado, con la información del delito de abuso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, en un plazo de 48 horas.
El nombre del proyecto de ley también fue modificado en este debate. La legisladora Gissela Garzón planteó la iniciativa para que este proyecto de ley cambie de nombre a: Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación; mismo que fue acogido y aprobado con nueve votos a favor.
Entretanto, el proyecto se regirá por los principios de confidencialidad, igualdad y no discriminación, equidad, gratuidad, progresividad y no regresividad, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Tendrá un enfoque de derechos humanos, género, intergeneracional, movilidad humana, interculturalidad, de discapacidad e interseccionalidad.
Fuente: Comisión de Justicia, Asamblea Nacional