El Pleno de la Judicatura suspendió a los servidores judiciales por tres meses. La suspensión incluye sus salarios.
Punto Noticias.- El juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pasaje, provincia de El Oro, Franklin Edmundo T. P.; y Gary Fabricio P. C., secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Paján, provincia de Manabí, investigados en el Caso Plaga, por presunta delincuencia organizada, fueron suspendidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, y los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides suspendieron por tres meses a los servidores judiciales. La medida incluye la suspensión de sus salarios.
Según el Pleno de la Judicatura, los servidores judiciales habrían cometido infracciones graves y gravísimas, determinadas en los artículos 108, numeral 13 y 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Esto es usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña, así como solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar.
Además, el Pleno dispuso a las Direcciones Provinciales de El Oro y Manabí del Consejo de la Judicatura que inicien las acciones disciplinarias correspondientes.
Franklin Edmundo T. P. y Gary Fabricio P. C. serían parte de la red de presunta delincuencia organizada que investiga la Fiscalía.
La entidad indaga a -los ahora procesados- Hugo Alexander L. O. y Lenin Javier V. V. (abogados en libre ejercicio), junto a otros colegas, debido a que ellos se encargaban de captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva por delitos de asesinato, tráfico de drogas, entre otros, para ofrecerles recuperar su libertad mediante acciones constitucionales -ilegítimas- que se tramitaban en cantones en los que sus clientes no se encontraban detenidos.
Según la Fiscalía, estos favores se ofrecían a cambio de dinero que, a su vez, era ofrecido a jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.
Trascendió que, para establecer los nexos con los familiares de las personas privadas de libertad, se valían de Omar Israel J. B., José Alfredo M. B. y José Daniel T. C., funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Ellos realizaban los contactos con los familiares y fijaban los montos que debían pagar para liberarlos.
En esa práctica, colaboraban los dos ciudadanos ahora sancionados por el Consejo de la Judicatura, así como otros servidores judiciales.
Son 14 personas procesadas en este caso. Trece tienen prisión preventiva y solo María José L. C. (colaboradora) tiene medidas alternativas, debido a su estado de gestación.