Según la Judicatura existe un déficit de más de 200 millones de dólares que permitirían a ese organismo solventar varios requerimientos.
Punto Noticias.- La jueza Olga Cecilia Pareja Quezada declaró la vulneración de la tutela judicial por parte del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Además ordenó la reestructuración del presupuesto -de manera urgente- para la Función Judicial.
A título personal, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), demandó a Lasso los más de 200 millones de dólares que permitirían a ese organismo solventar varios requerimientos.
La jueza dispuso, además, que para esa modificación presupuestaria se realicen mesas técnicas entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Finanzas. Para ello, en 30 días se priorizarán los proyectos de inversión, así como las necesidades judiciales.
En un comunicado, el Ministerio de Economía indicó que cualquier asignación de recursos se realizará siguiendo el debido proceso.
La acción de protección interpuesta por Terán estaba dirigida no solo en contra del mandatario, sino del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
Terán exigió al gobierno que se garantice -a través de la entrega de recursos para la Función Judicial- la tutela judicial para los ecuatorianos.
Durante la instalación de la audiencia, el presidente del Consejo de la Judicatura indicó que el presupuesto general de la Función Judicial para este 2023 presentaba una reducción del 52,97%, en comparación con el del 2012.
Según la Judicatura, el presupuesto general de la Función Judicial en el año 2012 fue de USD 656,4 millones; mientras que para 2023 es de 347,7 millones.
Para el Consejo de la Judicatura, la reducción del presupuesto era una acción sistemática ejecutada desde la Función Ejecutiva, que atentaba contra el derecho de los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia que tutele sus derechos.
Según Terán, la Función Judicial tiene un déficit de USD 265.6 millones, recursos que se necesitan para resolver la falta de 692 jueces, repotenciar la infraestructura judicial, evaluar a los servidores judiciales, adquirir insumos y equipos, cumplir con el pago de jubilaciones, entre otras obligaciones prioritarias encaminadas a atender a los usuarios del servicio de justicia.
A ello, se añade que existirían 650 mil causas represadas porque la Función Judicial no cuenta con financiamiento para vincular personal técnico especializado.
El funcionario indicó que el artículo 286 de la Constitución señala que los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios. Por ello, precisó que solo un presupuesto óptimo, permitirá mejorar el servicio al país.
🔴 SE DECLARÓ VULNERACIÓN DE DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
El presupuesto deberá ser reestructurado de manera urgente. De la misma forma, la jueza dispuso que se realicen mesas técnicas entre el @CJudicaturaEc y el Ministerio de Finanzas. #IndependenciaJudicial
— Soy la voz de Wilman Terán (@teran_wilman) April 21, 2023