A esta situación, se suma la carga procesal. Cada defensor público tramita 350 procesos al año.
Punto Noticias.- La Defensoría Pública cuenta con 736 defensores públicos a escala nacional. Sin embargo, la demanda de usuarios que requieren asesoría y patrocinio legal va en aumento.
Según el defensor público general del Estado (e), Ángel Torres Machuca, existe un déficit de 200 defensores públicos en el país. Situación que le preocupa y por la que gestionó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025 se incluyera el incremento de la tasa de 3.82 defensores públicos por cada 100 mil habitantes, a 5.
Con esta acción, se prevé que el Consejo de la Judicatura -como órgano administrativo y disciplinario de la Función Judicial- cuente con los recursos necesarios para convocar a un concurso público y seleccionar a más defensores.
El último concurso se dio en 2015 y el banco de elegibles quedó insubsistente en 2021, debido a que su vigencia de seis años caducó.
Ante ello, Torres Machuca indicó que se creó una transitoria en la Ley de la Defensoría Pública para extender el trabajo de los defensores públicos hasta que el concurso se concrete.
El desfase se daría por la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura, por lo que el defensor público pidió la unidad institucional para brindar un servicio de calidad a los usuarios.
La razón es que la Defensoría Pública también es parte de la Función Judicial, aunque sea un órgano autónomo. Su fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Acciones para hacer frente al déficit
Para contrarrestar el déficit de defensores públicos, la Defensoría Pública cuenta con dos unidades móviles, con el fin de acercar el servicio a cantones donde no hay puntos de atención.
En 2022, las unidades móviles recorrieron 21 provincias, 91 cantones y 240 barrios, para brindar 5.922 asesorías y 565 patrocinios.
Este trabajo se sumó al efectuado en los 198 puntos de atención que tiene la Defensoría Pública en todo el territorio nacional y cuyos servicios son gratuitos.
Carga procesal
Ante la falta de defensores públicos, la carga procesal se incrementó. Aproximadamente 350 procesos tramita cada funcionario al año.
El titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres, manifestó que para hacer frente a la demanda de servicios también cuentan con consultorios jurídicos gratuitos.
Por todas estas acciones, en 2022, la Defensoría atendió 304.450 solicitudes ciudadanas, a escala nacional: 22,06%, sobre asesoría; 76,98%, patrocinio y 0,97%, mediación.
El patrocinio en materia no penal representó el 43,50% de atenciones; mientras que en materia penal, el 56,50%.
A su vez, el 96% de patrocinios, en materia no penal, correspondió a tres líneas de servicio: Familia, Niñez y Adolescencia, 84,2%; Laboral, 7,21%; y, Movilidad Humana, 4,67%.
Mientras que en materia penal, el grupo de presuntos infractores adultos lideró con el 70,81%, seguido de atención a víctimas con el 16,92%.
Destitución de defensores públicos
Un informe del Consejo de la Judicatura del período 2019 – 2022 señala que durante esos años un total de 10 defensores públicos fueron separados de sus cargos.
Cinco defensores fueron destituidos en 2019; tres en 2020; dos en 2021; y cero en 2022.
Las causales de su destitución fueron solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes (4 casos) y no comparecer a una audiencia (6 casos).