Punto Noticias. Hoy, 19 de diciembre, la Asamblea Nacional resolverá en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica, en ese contexto cabe hacer una pregunta, “si un representante de las oligarquías más rancias del país gana las elecciones, ¿por qué la sociedad piensa que una vez en el gobierno, va a proteger los intereses de los humildes?”, la pregunta surge del economista Pablo Dávalos quien en un documento de 22 páginas, analiza el proyecto de ley a la luz de tres ejes:
-Desregularización tributaria
-Liberalización de la economía
-Privatización y extensiva tanto de la infraestructura del Estado cuando de los servicios públicos.
En el primer punto, sobre la desregularización tributaria, Dávalos resume la disposición transitoria primera de la ley: “Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas, conforme los porcentajes, plazos y condiciones establecidos en el reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas”.
El economista precisa que este beneficio se enlaza con los ya entregados por la presidencia de Lenín Moreno, como segundo punto está el hecho de que esto constituye “una señal potente de impunidad y amplio margen de maniobra a los grandes grupos económicos”, ahora, cabe aclarar, que para que una nueva remisión el proyecto del gobierno de Noboa se debería derogar la aprobada en 2018.
El Grupo Noboa adeuda al Estado Ecuatoriano cerca de 80 millones de dólares y encabeza el grupo de los grandes en mora, que no han cancelado más de 1.200 millones de dólares por temas de orden tributario.
Según Pablo Dávalos, estas remisiones son apenas la punta del iceberg, pues existe una larga cadena de exenciones, exoneraciones y remisiones que garantizan los beneficios para los sectores económicos más importantes del Ecuador, esto a pesar de los cambios incluidos por la comisión previo al segundo debate de hoy.
Los cambios buscarían dejar fuera de cualquier remisión a los familiares del presidente de la República y que las empresas paguen o se autoretengan un 3% de sus ganancias, que luego podrían ser descontadas del impuesto a la renta del año siguiente.
En todo caso, el debate sobre estos temas dependerá de las voluntades políticas.