Editorial de Radio Pichincha
Ayer se produjeron dos hechos que desmontan, acaban y echan por los suelos aquellos sueños de algunos sectores bien conservadores de llamar a una consulta popular para determinar la extradición como una figura constitucional.
El uno fue: Por pedido y trámite de Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Estados Unidos decidió conceder la extradición de los ciudadanos Jhony C. B. B., y John D. L. H. Las dos personas fueron solicitadas, para que enfrenten a la justicia ecuatoriana, por los presuntos delitos de violación y asesinato, respectivamente. El traslado de los extraditables desde Estados Unidos está programado para las próximas semanas.
Y el otro hecho fue: en la provincia de Imbabura fue capturado Carlos Arturo Landázuri, alias El Gringo, líder del grupo armado Oliver Sinisterra de Colombia, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y horas de la tarde noche fue entregado a las autoridades colombianas y “sanseacabó”.
Es decir, se puede traer a delincuentes o presuntos autores de graves delitos desde los Estados Unidos y se puede mandar a maleantes peligrosos a Colombia sin necesidad de Consulta Popular. Así nomás ha sido.
Aunque la ironía está implícita, también es cierto que la campaña política de los neoconservadores y de la llamada Mafia Mediática solo quería poner un tema para favorecer su supuesta autoridad moral en estas situaciones.
Lo que no dice esa prensa odiadora y los llamados “opinólogos” es que hay 44 pedidos de extradición a EE.UU. y recién nos otorgan, como gran cosa, dos el día de ayer. Incluso, el señor Juan Sebastián Roldán, cuando ayudaba en el desgobierno a Lenín Moreno, reclamó por esas 44 personas. Pero ni a él le hicieron caso.
Por supuesto que hay que aclarar algo muy importante: la extradición que piden los neoconservadores y fascistas de este país es para llevarse de aquí a EE.UU. a ecuatorianos que hayan cometido delitos y que la justicia del norte los reclame. Pero que se sepa no hay ningún connacional pedido por Washington y tampoco es soberano hacerlo si no hay una justificación plena. Lo contrario sería darles carta blanca para que hagan lo que quieran con algunas personas sin fórmula de juicio en el debido proceso.
Técnicamente la entrega del supuesto delincuente colombiano se llama deportación, por si acaso. Pero vale la pena el ejemplo estadounidense y también el colombiano para entender que cuando se quiere actuar de inmediato se puede hacer. NO hace falta tanto barullo ni escándalo. Sí vale la ironía para decirles a los señores gringos que nos manden a los otros 42 pedidos y que se hacen de la vista gorda. PUNTO