El exdictador enfrenta una condena de 25 años, principalmente por delitos de lesa humanidad.
La liberación inminente de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, genera controversia en el país sudamericano. Recordado por su mandato entre 1990 y 2000, en plantones desde que se conoció su posible liberación, sus partidarios, una ala conservadora muy fuerte de Perú, destacan sus logros económicos y la derrota de Sendero Luminoso. Mientras, los detractores señalan su autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.
«Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más», es la consigna de las madres y familiares de las victimas de su gobierno.
#Perú familiares de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, durante la dictadura de Alberto Fujimori, protestan a las afueras del Palacio de Justicia, rechazando la disposición del @TC_Peru que le da libertad al dictador
(video: @caidaalnacer) @teleSURtv pic.twitter.com/NFgC67JlXi— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 5, 2023
Alberto Fujimori asumió la presidencia de Perú en 1990, destacando por su enfoque económico que logró combatir la hiperinflación. Sin embargo, su liderazgo tomó un giro autoritario en 1992, cuando dio un autogolpe que resultó en el cierre del Congreso, este sería el inicio de una pesadilla para los peruanos.
Barrios Altos y La Cantuta
El Grupo Colina, un escuadrón de la muerte operando bajo órdenes de Fujimori, perpetró dos masacres que han dejado una marca indeleble en la historia peruana. En 1991, la primera masacre ocurrió en el vecindario de Barrios Altos, Lima, donde 15 personas fueron asesinadas. La segunda masacre tuvo lugar en 1992 en la Universidad de la Cantuta, resultando en la muerte de 10 personas, incluyendo estudiantes y un profesor.
Fujimori fue acusado de ordenar directamente estos crímenes, convirtiéndose así en el primer exmandatario constitucional de América Latina en ser juzgado y condenado en su propio país por crímenes contra los derechos humanos.
Además de estas atrocidades, Fujimori fue condenado por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992. Estos delitos, combinados con su liderazgo autoritario, resultaron en una condena a 25 años de prisión.
No es la primera vez que sale de prisión
El proceso legal ha sido extenso, con un indulto en 2017 revocado por la Corte IDH en 2018. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha reafirmado la validez del indulto, ordenando la liberación inmediata de Fujimori. Esta decisión desencadena reacciones encontradas, con críticas de organizaciones de derechos humanos y el llamado de la Corte IDH a postergar la liberación.
La Asociación Pro Derechos Humanos expresa su enérgico rechazo, alegando desacato del Tribunal Constitucional a la Corte IDH.