El especialista en asuntos electorales explicó que el Código de la Democracia imposibilita que se lleve a cabo esta propuesta.
Punto Noticias. Mauro Andino Espinoza, magister en Derecho Electoral, criticó la posición de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que analizan la posibilidad de que la elección de parlamentarios andinos se realice en la segunda vuelta de los comicios generales del 7 de febrero, debido a los problemas para imprimir las papeletas de esta dignidad.
Comentó que el CNE está jugando bajo una lógica de pitonisa o adivino, porque está previendo que, de manera ineludible, habrá una segunda vuelta electoral para elegir al presidente o presidenta de la República, cuando no pueden determinar si, efectivamente, este hecho electoral se consumará.
El experto observó que el Código de la Democracia establece que la segunda vuelta electoral está condicionada a que los candidatos no obtengan determinados porcentajes o respaldos, en términos de votación; es decir, no supere el 40 % de votos válidos y una diferencia superior a 10 puntos de su inmediato perseguidor o que, en su defecto, no supere el umbral del 50 % de votos de respaldo.
Lo grave de esta situación, alerta, es que intentando encontrar una salida a este embrollo, algunos han planteado la posibilidad de que el CNE pueda realizar una nueva convocatoria, específicamente para la elección de representantes al Parlamento Andino.
Para el especialista en temas electorales, puede ser loable la intención, pero hay un impedimento de carácter legal, porque el Código de la Democracia señala que la convocatoria tiene que realizarse con al menos 120 días anteriores a la fecha de elección.
En consecuencia, la designación de parlamentarios andinos no se podría llevar a cabo en la segunda vuelta, que está prevista para el 11 de abril, porque no se cumplen los plazos establecidos en la ley.
Andino Espinosa considera que el inconveniente para imprimir las papeletas de esta dignidad se generó por el desacato del CNE a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dispuso que el movimiento Justicia Social podía inscribir a sus candidatos.