La ahora procesada, quien fue destituida de su cargo, ofertaba puestos de trabajo en la institución a cambio de dinero.
Punto Noticias.- Por presunta concusión Amparo Q., funcionaria de la Fiscalía General del Estado, en Cotopaxi, fue destituida de su cargo y llamada a juicio.
El juez Carlos Geovanny Sánchez, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Salcedo, dictó auto de llamamiento a juicio, luego de que la Fiscalía expuso los elementos suficientes para aseverar que la funcionaria habría ofertado puestos de trabajo en la institución a cambio de dinero.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el juez ratificó las medidas cautelares que pesan sobre Amparo Q., como presentación periódica y prohibición de salida del país.
La Fiscalía inició una investigación previa el pasado 24 de marzo, tras recibir la denuncia de dos personas que señalaron haber entregado USD 3.750 -entre ambas- a cambio de dos puestos de trabajo en la Fiscalía General del Estado.
La ahora procesada habría solicitado esa cantidad de dinero (USD 1.750 y USD 2.000, respectivamente), como garantía para el ingreso laboral, para lo cual pactó un encuentro en la ciudad de Salcedo. Ella habría asegurado que se desempeñaba como Directora de Talento Humano de la Fiscalía.
Asimismo, habría entregado a las víctimas varios documentos como el “Acuerdo de Confidencialidad”, “Compromiso de Honor”, acciones de personal y contratos de servicios con la firma electrónica de la máxima autoridad de Fiscalía General del Estado que serían falsos.
A esta serie de documentos, la mujer habría adjuntado una copia de su credencial de abogada, cuyo número de matrícula resultó no corresponderle.
Durante la diligencia, la Fiscalía presentó la documentación que acredita que la procesada es funcionaria pública de la institución, informes policiales de reconocimiento del lugar de los hechos, análisis telefónico de correspondencia entre los números celulares de la procesada y las víctimas, así como varias pericias informáticas y documentológicas.
También presentó la certificación de que la procesada no tiene firma electrónica, certificado de la Senescyt que acredita que no posee un título de tercer nivel y el oficio que señala que el número de matrícula de abogada no le pertenece.
La Fiscalía entregó un informe de los movimientos de las cuentas bancarias de los denunciantes, que coinciden con las fechas de retiro y posterior entrega de dinero a la procesada.
En este caso, la Unidad de Talento Humano de Fiscalía, emitió certificados en los que se expresa que, “no se establece como requisito para el ingreso a la institución, el depósito de dinero como garantía”, otro en el que se indica que los números de acciones de personal que constan en los documentos entregados a las víctimas, no corresponden a Fiscalía General o sus unidades provinciales; y, donde se menciona que ambas víctimas no son funcionarios ni han prestado servicios a la Fiscalía General del Estado.