Editorial de Radio Pichincha
De entrada, la lucha contra la inseguridad y la violencia criminal es fundamental, necesaria y se debe apoyar con todo el respeto a las leyes, la Constitución y las normas internacionales. De hecho, la Corte Constitucional, al aprobar los estados de excepción y la declaratoria de “conflicto armado interno”, estiró tanto las normas y las leyes que deja en duda algunos postulados. Y, pese a ello, es una prioridad nacional reducir, ojalá a su mínima expresión, los niveles de inseguridad.
Si se actúa con responsabilidad, con absoluto respeto a la norma, esta lucha tendrá mejores resultados a largo plazo. Por supuesto que sí. Eso legitima aún más la tarea gubernamental y de la Fuerza Pública en particular. Bien sabido es que cuando se estira la norma y se violentan procesos, las consecuencias vienen luego, aunque duren años.
De ahí que levantar el relato de que son traidores a la Patria quienes defienden los derechos humanos de los detenidos, es realmente muy delicado y hasta extremo. Partamos de algo fundamental: en los miles de operativos (porque las FF.AA. han dicho efectivamente que son 86 mil en un mes), que ya suman más de 8 mil presos, de los cuales 241 están acusados de terrorismo, nos preguntamos ¿cuántos recibieron el debido proceso y no son “falsos positivos”? Si no es así, los juicios deberían tener todo el proceso adecuado y sancionar con el rigor de la ley, pero no más que eso, porque basta que uno de los detenidos esté encarcelado injustamente para que la situación se complique.
Le hace mucho bien a la democracia una actuación determinante de la Fuerza Pública contra el crimen organizado. Y también le hace más robusta y saludable a la democracia que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncien cuando se cometen abusos o se extralimita la acción policial o militar.
Hay que acabar ya con aquello de que los delincuentes no tienen derechos. Si son responsables de crímenes tienen derecho a un juicio justo y que se sentencie con apego a la ley. Si han sido crueles con sus víctimas, que sean juzgados en la misma proporción. Pero jamás estaremos de acuerdo con que se torture, humille o hiera a menores de edad, a personas indefensas si efectivamente están insertas o colaboran con bandas criminales.
Estigmatizar como traidores a la Patria es un discurso de alto calibre que solo nos recuerda las peores dictaduras de América Latina. PUNTO