Según su texto, la propuesta fue consultada con las empresas del sector, no con los pueblos y nacionalidades indígenas.
Punto Noticias. Se conoció que casi al finalizar la tarde del viernes 09 de abril y antes de dejar su despacho, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, envió al presidente de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada para las Industrias de Recursos Naturales No Renovables.
El texto del proyecto de ley se mantiene en secreto. Es probable que en algún momento la Legislatura lo ponga en su página web, pero esa es una posibilidad incierta, dado que dicho organismo está de salida.
Según la carta de presentación del ministro, el proyecto ha sido trabajado en conjunto con la Cámara de Minería de Ecuador y abogados vinculados al sector extractivo. Sin embargo, ninguna persona caracterizada en la industria hay que conozca el texto aludido.
Ortiz sostiene que “el beneficio de la participación… permite que los pueblos y nacionalidades indígenas, sean parte fundamental activa de las actividades extractivas de minerales o de los recursos del subsuelo”.
También que “la única categoría normativa a través de la cual se puede regular el ejercicio de los derechos (en este caso el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la consulta prelegislativa y la participación en los beneficios), es una ley orgánica”.
El proyecto recoge estándares internacionales de derechos humanos y también estándares de transparencia enfocados a cumplir la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (por sus siglas en inglés EITI) y de aplicación de este tipo de procesos, afirma el funcionario.
Pero, según el texto enviado al Parlamento Nacional, el proyecto ha sido consultado con las empresas, no con los pueblos y nacionalidades indígenas ni con sus organizaciones.
La literatura internacional es clara en este tema. El respeto a los indígenas, afrodescendientes y pueblos tradicionales, así como a sus derechos colectivos, sus leyes y sus derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra, a su identidad, su patrimonio cultural, social y los llamados activos naturales y territorios tradicionales, es con ellos.
La consulta libre, previa e informada está en la esencia del pensamiento contemporáneo y no se puede hacer a espaldas de las estructuras de gobernanza que tienen los pueblos indígenas.
Fuente: Vía Minera.