45 cuerpos han sido entregados a sus familiares para su inhumación.
Punto Noticias. De las 118 personas privadas de la libertad que murieron el 28 de septiembre en la mayor matanza de la historia carcelaria de Ecuador, en la Penitenciaría del Litoral, 101 cuerpos han sido identificados, hasta el momento.
A cuatro días de la matanza, este sábado 2 de octubre, el departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional informó que más de 100 cuerpos han sido identificados, a través del reconocimiento de sus huellas dactilares, de los cuales 45 ya han sido entregados a los familiares, para su inhumación.
Los 18 restantes corresponden a cuerpos con “situaciones complejas” para su identificación, tales como descuartizados o quemados. La identificación de estos últimos se inicia con procesos de antropología forense. Y si esta técnica no resulta, se recurre al perfil genético o a la comparación del ADN.
IMPORTANTE🚨@PoliciaEcuador ha identificado hasta el momento 101 cuerpos de #PPL, en base a entrevistas, procedimientos técnicos biométricos de rostros y huellas
La identificación de cuerpos restantes, continúa en estudios antropológicos y toma de muestras de ADN a familiares pic.twitter.com/PMPz2zP0H2
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 2, 2021
La entrega de los cuerpos debe contar con procedimientos legales que incluyen a otros organismos. “Tenemos oficinas de Fiscalía y Registro Civil para que puedan inhumar o enterrar a sus familiares. Todo se hace inmediatamente sin ningún costo. En caso de necesitar un féretro, nichos o bóvedas, se les entregará por parte de la Gobernación del Guayas”, señaló Henry Coral, director encargado de Criminalística.
Con el apoyo de la municipalidad de Guayaquil, se entregarán nichos «para la adecuada sepultura de las víctimas de este trágico evento», anunció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
Se trabaja, además, en un plan de vida y acompañamiento para los familiares de las víctimas.
En torno al control que se desarrolla en las cárceles, Vela detalló que hay 3.600 efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas «con el objetivo de retomar el control y garantizar la seguridad, en los centros penitenciarios».