El pasado 5 de abril de 2021 el Ministerio de Hacienda de Colombia presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, con el propósito de financiar el gasto público del país y enfrentar el endeudamiento generado por la pandemia, según el discurso oficial.
El proyecto de ley contenía ocho campos de reforma tributaria y fiscal. Centrémonos en los más polémicos:
El impuesto a la riqueza: un arancel especial a la riqueza de entre el 1 y el 2% que se aplicaría para personas naturales con un patrimonio superior a 1.3 millones de dólares, el mismo que se cobraría entre los años 2022 y 2023. De este gravamen se excluye el valor patrimonial familiar y a los grandes grupos económicos.
Impuesto temporal para ingresos altos: el proyecto también contempló una carga especial del 10% a los salarios mensuales mayores a 2.500 dólares. La medida fiscal también consideraba honorarios, rendimientos, dividendos y pensiones. Una carga impositiva direccionada a la clase media colombiana.
Impuestos al consumo: la propuesta incrementaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 19 % para los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6, es decir, a la clase media, media alta y alta. Los recursos en cuentas AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción) y las afiliaciones a la seguridad social voluntaria dejaban de estar exentas del impuesto a la renta.
Finalmente, el argumento central el gobierno colombiano era la focalización del subsidio. Con esta medida se pretendía recaudar un aproximado de 5 mil millones de dólares, con la intención de garantizar los programas sociales. Sin embargo, en el cuerpo jurídico de este proyecto la devolución del IVA para las personas más vulnerables era de apenas 50 mil pesos mensuales, es decir, 13 dólares.
El caso colombiano podría convertirse en un sugestivo y aleccionador espejo para Ecuador. El presidente Iván Duque y el presidente electo Guillermo Lasso sellaron un pacto político en materia comercial, diplomática y económica. A esto se suma la exigencia del gobernante ecuatoriano por ingresar a su espacio ideológico: la Alianza del Pacífico.
Lasso en una entrevista con CNN aseguró que el primer día de su mandato impulsará una reforma tributaria. Aunque se desconoce los tópicos de la misma, insistió en la la eliminación del 2% del impuesto a la renta para las microempresas, la reducción del IVA para el sector turístico y suprimir de formar gradual del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
Los datos oficiales revelan que el déficit fiscal en Ecuador bordea los 7 mil millones de dólares. A su vez, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) alertó sobre la evasión tributaria en Ecuador que alcanzó la misma cifra, 7 mil millones anuales. La interrogante es sencilla: ¿Lasso optará por una reforma tributaria regresiva emulando al caso colombiano? , ¿o una reforma progresiva al estilo Joe Biden?