Los asambleístas de esta mesa parlamentaria se comprometieron a dar seguimiento a las denuncias y buscar soluciones.
Punto Noticias. Representantes de colectivos ciudadanos perjudicados por presuntos fraudes en instituciones financieras, debido a transacciones sin autorización de los titulares de las cuentas, demandaron la intervención de la Comisión legislativa de Régimen Económico.
Suplantación de identidad; transferencias no autorizadas a otras cuentas a través del uso de mensajes por celular; obtención de datos personales de los usuarios financieros; débitos de las cuentas por transacciones con tarjetas de crédito de compras no autorizadas, son entre otros los abusos denunciados.
Una de las perjudicadas, Solanda Goyes Quelal, señaló que son más de 120 perjudicados de un banco, que han perdido desde 100 hasta 30 mil dólares, que en total supera un valor de 300 mil dólares.
Planteó iniciar un proceso de fiscalización; que se conmine a la Superintendencia de Bancos a que actúe en derecho; y, además, que trabajarán en un proyecto de reformas puntuales producto de las experiencia en estos procesos, a fin de proteger a los usuarios del sistema financiero.
Contó que, en 2015, sufrió el hurto de 14.530 de dólares desde su cuenta, a través de tres cheques que tienen firma falsificada y que se cobraron con suplantación de identidad. Consideró que hay responsabilidad de empresas de telefonía en la obtención de datos personales, por parte de hackers y delincuentes cibernéticos que utilizan datos que deben ser sujetos a reserva y confidencialidad, a las cuales están obligadas las entidades financieras.
La portavoz de los colectivos ciudadanos señaló que, ante el silencio de ciertos bancos, llevan a cabo plantones en los exteriores y ejecutan acciones legales para recuperar los dineros de los perjudicados.
Israel Trávez denunció que fue perjudicado, en el año 2018, con la reposición del chip asociado a una empresa de telefonía móvil. Su perjuicio fue de 14.360 dólares a través de transferencia bancaria, pese a que el monto mínimo autorizado era solo de USD 4.000. Demandó que se haga cumplir las leyes que les amparan como consumidores.
La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, se comprometió a realizar el seguimiento a estos casos, con el fin de atender cada uno de los reclamos.
El asambleísta Marlon Cadena subrayó que la función de los legisladores es corregir esas distorsiones, poner en evidencia los problemas y ayudar a solucionar estas falencias, atendiendo las demandas de los clientes del sistema.
Fuente: Asamblea Nacional.