En diciembre inician las pruebas del nuevo modelo de gestión y, para enero de 2022, empiece su implementación.
Punto Noticias. Este martes 23 de noviembre de 2021 la Procuraduría General del Estado firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el inicio de la fase de prueba del nuevo modelo de gestión de esta entidad que busca, principalmente, reducir el número de procesos contra el Estado que, hasta el momento, superan los 102.000 juicios activos.
Juan Carlos de la Oz, representante del BID en Ecuador, señaló el objetivo es reducir la conflictividad de las demandas, que hará un mejor uso de recursos públicos y fortalecerá la seguridad jurídica.
En Ecuador, dijo, se busca la depuración del inventario de demandas, creación del modelo de gestión de defensa, creación de un cuerpo jurídico y de herramientas.
El Procurador General, Íñigo Salvador, explicó que existen 102.450 juicios nacionales activos, 34 procesos internacionales: 15 arbitrajes comerciales, 10 arbitrajes de inversión, 6 juicios en sede exterior, 1 juicio en Tribunal Andino y 2 en otros casos. Aparte, 40 notificaciones de controversias internacionales y 291 procesos ante organismos internacionales de derechos humanos.
“Esta participación, en los últimos tres años, le ha evitado al Estado el pago de $14 mil millones”, afirmó Salvador, al precisar que, esta defensa, al año, le cuesta al Estado $220 millones de dólares.
Entre todos los procesos, suma más de $57 mil millones en demandas contra el Estado ecuatoriano.
Mientras que en el caso de recuperación, al presentarse como víctima en algún caso con acusación particular, dijo que se han recuperado, en los últimos dos años, $2 millones en bienes muebles e inmuebles que deberán ser monetizados en las subastas.
Ahora, el nuevo modelo plantea un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Este proyecto, denominado “Procuraduría del Futuro”, inició en 2019 y concluirá en 2023 con una inversión de $6 millones, la tercera parte del financiamiento será otorgado por el BID.
Los propósitos del proyecto:
Reducción en la conflictividad judicial del Estado, capacitación permanente del personal jurídico, tanto de la Procuraduría como de equipos jurídicos de entidades estatales, y generación de proyectos en plataforma tecnológica.
Este Sistema Nacional estará dirigida por la Procuraduría y lo conformarán los servicios legales de la entidad y de todas las instituciones públicas de administración Central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Además, el proyecto plantea crear dos subprocuradurías adicionales a la actual. Las tres, dijo, se encargarán de los tres subsistemas de defensa: representación y patrocinio, asesoramiento y control de legalidad y la de gestión del conocimiento e iniciativa legislativa. Además, crearán dos direcciones regionales adicionales para garantizar el trabajo en territorio.