Aunque con la causal de peculado en Flopec se impulsa la destitución del Presidente, aún quedan en el aire preguntas sobre papel de Danilo Carrera; la muerte de Rubén Cherres y más.
El presidente Guillermo Lasso ha llegado a la mitad de su gestión en medio de una situación política crítica. Ha sido señalado no solo por la oposición en el Parlamento sino por diferentes sectores sociales que inconformes con los resultados de su gobierno piden su salida.
En esa línea, en estos días se han difundido encuestas como la de Perfiles de Opinión, que muestran bajos niveles de popularidad que alcanzan apenas el 1.22% de ciudadanos que aprueban, de algún modo, su gestión.
Actualmente, el presidente Lasso enfrenta un juicio político y posible destitución en la Asamblea Nacional debido a acusaciones de malversación de fondos públicos o peculado, en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Por ese presunto delito, la Corte Constitucional dio paso al juicio político.
Sin embargo, existen otras acusaciones que llevaron al Legislativo a conformar una comisión que investigó las acciones del Primer Mandatario.
La comisión se denominó Gran Padrino, por la filtración periodística (de La Posta), que puso en entredicho al Gobierno. Lasso, al llegar Carondelet, repitió que no existiría el cargo de “familiar del Presidente”; pero su cuñado Danilo Carrera apareció involucrado en una presunta red de corrupción dentro de las empresas públicas. Carrera habría incidido en designaciones.
Rubén Cherres, testigo clave, fue asesinado
La Asamblea Nacional conformó la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción para investigar la presunta red de corrupción en el caso El Gran Padrino. La Fiscalía lo llamó Caso Encuentro, en referencia al eslogan manejado por el Gobierno de Lasso (Gobierno del Encuentro), que fue cambiado inmediatamente por Gobierno del Ecuador.
Este caso nació tras una denuncia periodística de un medio digital. Se puso en evidencia, a través de audios, la participación de cercanos de Guillermo Lasso en delitos de corrupción en el sector eléctrico. Durante la investigación surgió información de que Rubén Cherres (amigo de Danilo Carrera) y Dritan Gjika habrían aportado un millón y medio de dólares «provenientes del narcotráfico a la campaña del binomio Lasso-Borrero».
La información se hizo pública, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha iniciado una investigación ni ha entregado las cuentas de campaña para que la comisión ocasional haga la respectiva fiscalización.
La asambleísta de UNES, Viviana Veloz, señaló que solicitará un juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por no entregar esas cuentas de campaña y haber supuestamente incurrido en incumplimiento de funciones.
En medio de la investigación, el empresario y cercano del cuñado de Guillermo Lasso, Rubén Cherres, fue asesinado junto con su novia, un amigo y un guardia en una vivienda privada de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena el 31 de marzo del 2023.
Cherres era la pieza clave en esta investigación. Era muy cercano a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Aún no se tiene información de las causas de su asesinato, aunque se evidenció que habría sido víctima de tortura. El medio digital también habló del informe León de Troya, sobre nexos de cercanos al Gobierno con la mafia albanesa.
Hacen falta 92 votos
Después de que la Corte diera paso al dictamen de admisibilidad de la causa en torno al presunto delito de peculado, el proceso pasó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Terminó la etapa de sustanciación y aporte de las pruebas, así como con la presentación de la defensa del presidente Guillermo Lasso. El Pleno hoy decidió que el juicio siga su curso y hasta el 20 de este mes, el Primer Mandatario deberá acudir a ese escenario, en donde se decidirá sobre su destitución o no.
Se necesitarán 92 votos favorables para la destitución del Presidente.
El segundo intento de la Asamblea Nacional
Cabe destacar que no es la primera vez que la Asamblea intenta destituir a Lasso. En junio de 2022, la oposición no logró los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político tras una prolongada movilización protagonizada especialmente por población indígena. Reclamaron por una reducción del precio de los combustibles, la falta de empleo, el precario sistema de salud, las cifras de femicidios en el país y la falta de cupos universitarios, todo esto derivó en fuertes protestas.
Durante más de tres semanas, el país quedó virtualmente paralizado por los bloqueos de vías por parte de los indígenas. Hubo represión.